En un operativo contundente, la Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una organización delictiva que operaba desde un centro de enseñanza automovilística en Boyacá, específicamente en Villa de Leyva, donde presuntamente se expedían licencias de conducción de manera irregular. La investigación ha revelado que los involucrados certificaban a personas que no habían recibido la capacitación adecuada, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad del sistema de tránsito del país.
El caso, que ha llamado la atención a nivel nacional, involucra a siete personas, quienes fueron judicializadas por los delitos de acceso abusivo a medio informático, obtención de documento público falso y fraude procesal. A pesar de las graves acusaciones, ninguno de los procesados aceptó cargos durante las audiencias correspondientes.
La investigación comenzó en 2023, cuando 14 estudiantes acudieron a las autoridades para verificar la autenticidad de sus licencias de conducción. Esto permitió a los investigadores descubrir que, mediante métodos fraudulentos, los procesados habían logrado certificar a individuos sin que estos hubieran cumplido con los requisitos legales de capacitación teórica y práctica exigidos por las autoridades del tránsito.
Los miembros de la organización, entre los que se encontraba la representante legal del centro de enseñanza, Viviana Marcela Sánchez Morales, junto con instructores y personal administrativo, aprovecharon su acceso a los sistemas informáticos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Sistema de Información sobre Instructores y Centros de Formación Automovilística (CI2) para crear registros falsos. Según la Fiscalía, mediante esta maniobra, los involucrados otorgaban certificados de idoneidad a personas que no completaban los requisitos establecidos por la ley.
Uno de los métodos más utilizados por la organización para atraer a los aspirantes fue la modalidad denominada «Venga una vez», en la que los estudiantes únicamente entregaban su fotografía y huella digital sin necesidad de completar las horas de capacitación requeridas. También se les ofrecía la opción de asistir a otro centro diferente para realizar la toma de huella y evitar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la capacitación teórica y práctica.
Además, la escuela de conducción habría eludido el pago de gastos operativos como el mantenimiento de vehículos, el impuesto de rodamiento, la gasolina y los honorarios de los instructores, ofreciendo una estructura de costos mucho más baja para los aspirantes, lo que aumentaba su atractivo.
El juez de control de garantías dictó una medida de aseguramiento en lugar de residencia para la representante legal, Viviana Marcela Sánchez Morales, mientras que los demás procesados continuarán vinculados al proceso judicial. Las autoridades siguen investigando el alcance de la organización y la posible implicación de otros actores en la cadena de fraudes, con el objetivo de garantizar la transparencia en la obtención de licencias de conducción en el país.
Este caso pone en evidencia las graves fallas en los controles de las entidades encargadas de regular la formación de conductores, y subraya la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos de supervisión para evitar que se repitan este tipo de fraudes que comprometen la seguridad de todos los colombianos en las vías.
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