La política boyacense Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, se encuentra en el ojo del huracán tras la reciente divulgación de que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por su presunta vinculación en un caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El anuncio de la Fiscalía ha puesto a la exfuncionaria en el centro de una controversia mediática de alcance nacional e internacional.
Diversos medios han cubierto el caso de Ortiz, destacando que el 29 de noviembre se celebrará la diligencia de imputación de cargos, donde se espera que la Fiscalía pida una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Los informes apuntan a que la exconsejera está siendo investigada por un presunto desfalco de aproximadamente 3.000 millones de pesos, en lo que parece ser una serie de irregularidades ocurridas durante su gestión al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
«Fiscalía pedirá cárcel para Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la UNGRD», tituló Infobae, mientras que El Espectador señaló que la exfuncionaria podría enfrentar prisión preventiva debido a los cargos en su contra. Además, medios como Cambio Colombia y Semana han detallado los presuntos hechos de corrupción y la posible implicación de Ortiz en el desvío de recursos destinados a la gestión del riesgo en el país.
En medio de este torbellino mediático, Ortiz ha respondido públicamente, defendiendo su inocencia y rechazando las acusaciones. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), la exsenadora calificó la citación como «un show mediático» y afirmó que la imputación de cargos es «inflada», con el propósito de presionarla. “La Fiscalía me ha citado a una diligencia de imputación inflada con el claro propósito de coaccionarme», escribió, insistiendo en que el caso está basado en testimonios de «delincuentes confesos» sin pruebas sólidas en su contra.
Ortiz también denunció lo que considera un ataque mediático y un trato sexista, afirmando que se la está utilizando como “el eslabón más débil” debido a su condición de mujer. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la exfuncionaria mantiene que tiene las pruebas suficientes para demostrar su inocencia.
«Exijo respeto por mis derechos y garantías; confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso», añadió, solicitando que la diligencia de imputación se lleve a cabo de manera presencial y no virtual, para garantizar que sus derechos sean plenamente respetados y que el proceso sea transparente.
Este escándalo, que involucra a una figura de relevancia en la política boyacense y nacional, sigue en desarrollo. La sociedad está a la espera de los próximos movimientos judiciales, mientras la exconsejera prepara su defensa ante lo que considera un ataque mediático que, según ella, no tiene fundamento real.
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