En un giro crucial del proceso judicial que la involucra, la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, se enfrenta a un nuevo obstáculo legal. En el Complejo Judicial de Paloquemao, Bogotá, avanza la audiencia que determinará si la exfuncionaria será enviada a prisión por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
La Procuraduría General de la Nación se ha unido a la Fiscalía en su solicitud de encarcelamiento, reforzando la acusación contra Ortiz. El procurador delegado, Mario Gómez, argumentó ante la jueza que Ortiz no cumple con las condiciones necesarias para ser considerada «madre cabeza de hogar», una solicitud que había sido presentada como argumento para evitar su medida de aseguramiento. Con este argumento, la Procuraduría ratificó su petición de prisión preventiva, siguiendo el camino trazado por la Fiscalía.
En el marco de esta audiencia, se han escuchado testimonios clave. Los exdirectivos de la Unidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes ya han llegado a un preacuerdo con la Fiscalía, han corroborado la versión de la Fiscalía al señalar que mantuvieron reuniones con Ortiz para organizar el entramado de corrupción que ahora la tiene en el ojo del huracán judicial.
El caso de Sandra Ortiz sigue generando gran expectación, y la audiencia se ha retomado con la sala cerrada al público, donde solo las partes involucradas pueden participar presencialmente. La decisión de la jueza sobre la solicitud de medida de aseguramiento se espera con ansias, ya que marcará un precedente en el proceso judicial contra la exconsejera y en la lucha contra la corrupción en el país.
La atención ahora se centra en las siguientes etapas de este proceso, donde la justicia tendrá la última palabra sobre el futuro de Ortiz, quien, según las autoridades, formó parte de un entramado de corrupción que involucra graves acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias.
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