Boyacá, una región marcada por la violencia, guarda registros de ejecuciones extrajudiciales que datan de 1982. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 1982 y 2016 se cometieron 116 casos que dejaron 204 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por paramilitares y agentes del Estado. Este informe fue presentado por Ángela Ballesteros, abogada de las Víctimas de Crimen de Estado, durante su intervención en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República en Tunja.
La abogada también destacó un informe entregado a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que revela la magnitud de los llamados “falsos positivos” en Boyacá. Entre 2001 y 2008, se identificaron 86 víctimas de estos crímenes, un capítulo oscuro que, según Ballesteros, evidencia la complicidad de las Fuerzas Armadas con los paramilitares en la ejecución de estos crímenes.
«Han salido sentencias judiciales en 2015 y 2019 que dejan claro que estos hechos fueron cometidos por paramilitares con el consentimiento de la Fuerza Pública», señaló Ballesteros, quien también mencionó que cinco paramilitares han sido condenados por estos crímenes, así como un miembro de la inteligencia del Batallón Tarqui de la Primera Brigada, quien se acogió a una sentencia anticipada.
A pesar de los avances judiciales, los familiares de las víctimas siguen esperando el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por las sentencias. Ballesteros enfatizó que estas reparaciones aún no se han hecho efectivas, dejando a las víctimas y sus familias en un estado de incertidumbre y dolor.
El testimonio de Ballesteros pone de relieve la urgente necesidad de justicia y reparación para las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Boyacá, un doloroso recordatorio de un capítulo oscuro en la historia del país, que aún sigue sin resolver para muchas familias.
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