En una histórica decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la vulneración de derechos colectivos relacionados con la escasez de medicamentos y ordenó medidas urgentes para garantizar el acceso equitativo a la salud en Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la Procuraduría General de la Nación en la acción popular que había sido interpuesta por la entidad para resolver los problemas de desabastecimiento y escasez de medicamentos que afectan a millones de colombianos. La sentencia declaró que el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) han vulnerado y amenazado los derechos colectivos a la salubridad pública, al acceso eficiente y oportuno al servicio de salud, al patrimonio público, y a los derechos de usuarios y consumidores del servicio de salud.
La decisión judicial, que se considera histórica, representa una victoria significativa para los pacientes que han sido afectados por la falta de medicamentos esenciales en el país. En su fallo, el Tribunal ordenó que las entidades responsables del sistema de salud trabajen de manera conjunta para abordar esta crisis, garantizando el acceso equitativo y universal a los medicamentos.
Una crisis que afecta a miles de pacientes
La Procuraduría había advertido en su demanda que la crisis en el sector farmacéutico, derivada principalmente por el acúmulo de más de 27.000 expedientes de registros sanitarios en el INVIMA, había dejado fuera del mercado miles de medicamentos. Este problema, que ha persistido durante los últimos años, afecta de manera directa los derechos fundamentales de los colombianos, en especial aquellos que padecen enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas o enfermedades raras y huérfanas, los cuales requieren medicamentos especializados para su tratamiento.
El Ministerio Público había resaltado también que la falta de una política farmacéutica clara y eficaz ha profundizado los problemas de desabastecimiento, afectando especialmente a los grupos más vulnerables de la población, como niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Ordenes específicas para las entidades del gobierno
Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó al Ministerio de Salud mantener en ejecución el Plan de Respuesta Urgente que ya había sido solicitado en octubre de 2023, y que busca resolver de manera inmediata la escasez de medicamentos. Además, se les ordenó conformar una mesa de trabajo interinstitucional que estará integrada por entidades clave, como el INVIMA, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), representantes de la industria farmacéutica, mayoristas, y representantes de los usuarios y pacientes.
El objetivo principal de esta mesa será establecer las bases de una nueva Política Farmacéutica Nacional que permita no solo superar la crisis actual, sino también garantizar que los colombianos tengan acceso oportuno y en condiciones de equidad a los medicamentos necesarios para resolver sus problemas de salud.
La necesidad de una nueva política farmacéutica nacional
El Tribunal destacó que la nueva política farmacéutica debe abordar varios aspectos clave para garantizar el acceso adecuado a los medicamentos en Colombia. Entre los puntos que se deberán resolver, se encuentran:
La corrupción y los problemas administrativos que han afectado la eficiencia del sistema.
La regulación eficaz de los precios de los medicamentos, para evitar especulaciones y garantizar que los costos no impidan el acceso a los pacientes.
La financiación y pago oportuno a los proveedores, lo que permitirá una cadena de suministro constante y efectiva de medicamentos.
La operación transparente y armónica del sistema farmacéutico, que favorezca la colaboración entre el sector público y privado en beneficio de los usuarios.
Impacto de la Sentencia: Esperanza para los Pacientes
Esta sentencia representa una luz de esperanza para los miles de pacientes que han sido afectados por la falta de acceso a medicamentos esenciales, especialmente aquellos que dependen de tratamientos continuos para enfermedades graves. El fallo subraya la importancia de garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental y de asegurar que este derecho se cumpla en condiciones de igualdad y oportunidad para todos los colombianos, sin importar su condición social o geográfica.
La Procuraduría General de la Nación, que ha jugado un papel clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos, se mostró satisfecha con el fallo, ya que considera que esta decisión marcará un antes y un después en la política de salud pública del país. «La falta de medicamentos no solo afecta la salud de los ciudadanos, sino que compromete gravemente los derechos colectivos, especialmente cuando se trata de aquellos más vulnerables», expresó el Ministerio Público.
El camino por delante
A pesar de este importante avance, la implementación de las medidas ordenadas por el Tribunal será fundamental para garantizar que la crisis del desabastecimiento de medicamentos se resuelva de manera efectiva. El gobierno y las entidades involucradas tendrán que trabajar de forma urgente para poner en marcha las políticas que aseguren el acceso oportuno a los tratamientos médicos y, al mismo tiempo, resolver los problemas estructurales que han afectado al sistema farmacéutico en Colombia.
La decisión del Tribunal de Cundinamarca es un paso crucial para fortalecer el sistema de salud en el país y garantizar que todos los colombianos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a los medicamentos que necesitan para preservar su salud y bienestar.
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