La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron el Vigésimo Primer Informe de Cumplimiento sobre la delimitación del Páramo de Santurbán, en el cual se evidencian graves incumplimientos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). A pesar de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que busca proteger este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades locales, el proceso de delimitación sigue sin avances significativos.
📉 Cumplimiento deficiente
Según el informe, el MADS propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo Santurbán-Berlín, pero la ejecución ha sido extremadamente deficiente. De las 30 mesas de trabajo previstas, solo se ha realizado una, lo que representa un 3,33% de cumplimiento. Esta falta de progreso ha generado desconfianza y malestar en las comunidades locales, que han recurrido a protestas y bloqueos para expresar su frustración ante la inacción del gobierno.
🌍 Grave impacto ambiental
El informe también denuncia el descontrol sobre la minería ilegal, que ha causado contaminación por mercurio en las fuentes hídricas del páramo, superando 40 veces los límites internacionales permitidos. Esta contaminación es una consecuencia directa de la falta de acción de las autoridades encargadas de proteger este territorio.
🚨 Llamado urgente a la acción
La Procuraduría y la Defensoría han solicitado al Tribunal Administrativo de Santander tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Además, han recomendado la imposición de plazos estrictos y un seguimiento riguroso para evitar que se sigan postergando las soluciones necesarias para proteger el Páramo de Santurbán.
🔊 Necesidad de participación ciudadana
Ambas entidades destacan la importancia de garantizar una participación efectiva de las comunidades afectadas en el proceso de delimitación, asegurando que sus derechos sean respetados y que sus voces sean escuchadas.
🗣️ Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, ha insistido en la urgencia de culminar este proceso de delimitación, que lleva más de una década pendiente, para proteger el medio ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades de la región.
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