El Tribunal Administrativo de Boyacá ha emitido una sentencia clave que protege los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente en el Lago de Tota, el mayor espejo de agua de Boyacá y una fuente vital de agua potable para más de medio millón de personas. Esta decisión busca evitar el daño irreversible causado por el cultivo de trucha en jaulas flotantes, al amparar principios fundamentales como la prevención y la sostenibilidad ecológica.
La Fundación Montecito, organización defensora de los derechos ambientales, presentó una demanda contra Corpoboyacá y la Piscifactoría Remar S.A.S. para garantizar la protección de varios derechos colectivos. Entre ellos, se destaca el derecho a un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el uso responsable de los recursos naturales. La preocupación radica en los impactos que la acuicultura intensiva podría generar en el ecosistema del lago, al propiciar la acumulación de residuos contaminantes como excretas de los peces y alimentos no ingeridos, que pueden dar paso a fenómenos de eutrofización.
El lago de Tota ha mostrado señales de deterioro a lo largo de los años, con la acumulación de fósforo y nitrógeno, elementos que generan una creciente contaminación. Aunque hasta la fecha no se ha confirmado la eutrofización, la situación es un riesgo que se debe atender para evitar daños irreversibles.
El Tribunal ha emitido medidas concretas para frenar este riesgo. Las empresas involucradas en el cultivo de trucha deberán instalar sistemas de colectores de residuos, implementar alternativas de manejo de desperdicios y cumplir con planes de monitoreo periódico para verificar el impacto ambiental de sus actividades. Además, Corpoboyacá ha sido instruida para diseñar un Plan de Ordenamiento de la Pesca y la Acuicultura (POPA), con la participación de expertos y de las propias empresas, con el objetivo de preservar la calidad del agua y garantizar un desarrollo acuícola responsable.
Este fallo subraya la importancia de actuar con anticipación ante los riesgos ambientales, destacando la necesidad de una regulación estricta y de la colaboración entre las autoridades y los sectores productivos para proteger uno de los recursos más valiosos de Boyacá.
La decisión también ha exhortado a las autoridades a mitigar los efectos de otras actividades humanas que impactan el lago, como la agricultura intensiva y los vertimientos de desechos. Así, la sentencia no solo aboga por la protección de la fauna acuática, sino también por la calidad del agua que millones de personas consumen a diario.
Con este fallo, el Tribunal reafirma su compromiso con la protección de los derechos colectivos y la defensa de un equilibrio ecológico sostenible en el Lago de Tota, asegurando que su conservación sea una prioridad tanto para las generaciones actuales como para las futuras.
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