La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza esta semana en Tunja una audiencia crucial que involucra a 34 militares vinculados con los infames falsos positivos, casos en los que personas fueron asesinadas y presentadas erróneamente como bajas en combate. Los hechos se produjeron en varios municipios de Boyacá, Santander y Cundinamarca, cuando los implicados formaban parte del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’ con sede en Chiquinquirá.
Las audiencias están programadas para los días 13 y 14 de marzo y se llevarán a cabo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en la ciudad de Tunja. De los 34 militares que comparecen, 10 estarán presentes de manera presencial, mientras que los otros 24 participarán de forma virtual. Estos comparecientes han estado involucrados en siete casos de asesinatos y desapariciones forzadas, hechos que marcaron una de las épocas más oscuras del conflicto armado en Colombia.
Luis Bernardo Díaz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, expresó el honor de ser la sede de tan trascendental evento. «Es de la mayor importancia que la UPTC sea anfitriona de estas audiencias, pues contribuye al esclarecimiento de la verdad en los casos más dolorosos de nuestro conflicto armado», señaló Díaz.
Los 34 militares en cuestión están siendo procesados bajo la «ruta no sancionatoria» de la JEP, ya que, aunque participaron en los hechos, no fueron considerados los principales responsables ni diseñadores de los planes criminales. Sin embargo, su participación les otorga la oportunidad de resolver su situación jurídica de manera definitiva, siempre que colaboren con la justicia y reconozcan su responsabilidad en los crímenes cometidos. A cambio, podrán acceder a beneficios, siempre y cuando satisfagan las demandas de las víctimas y contribuyan a la reparación a través de acciones restaurativas.
La audiencia tiene como objetivo consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, una de las claves del proceso de justicia transicional, en el que la reparación a las víctimas es fundamental. En este contexto, los participantes deben comprometerse a aclarar los hechos, asumir su responsabilidad y participar en el proceso restaurativo que, según los expertos, es esencial para la sanación de las víctimas y la reconciliación del país.
Este evento en Tunja no solo marca un avance en la resolución de casos de violaciones de derechos humanos durante el conflicto, sino que también subraya la importancia de la justicia, la memoria y la reparación para la construcción de una paz duradera en Colombia.
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