Un nuevo escándalo sacude la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad, y Sneyder Agusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, han sido imputados por la Fiscalía General de la Nación, tras ser señalados de direccionar irregularmente contratos destinados a obras de mitigación de desastres y suministro de maquinaria amarilla.
Según la investigación, ambos exfuncionarios habrían participado en reuniones clandestinas con funcionarios de dos ministerios, asesores de la Presidencia, congresistas y contratistas, con el fin de orientar procesos contractuales para beneficiar a ciertos actores privados. Estos encuentros, que se dieron entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, habrían tenido como objetivo la agilización y adjudicación de contratos a través de la figura de la declaratoria de emergencia, permitiendo un manejo preferencial y directo de los recursos públicos.
Los contratos en cuestión, cuyo monto total asciende a cientos de millones de pesos, están relacionados con obras de mitigación de riesgos en varias regiones del país, tales como Cotorra (Sucre), Carmen de Bolívar (Bolívar), Saravena (Arauca) y Sahagún (Córdoba), además de un contrato para el alquiler de horas de maquinaria amarilla en Riohacha (La Guajira). Estos contratos, destinados a mitigar los efectos de las lluvias y otras emergencias, se habrían gestionado de forma irregular para beneficiar a ciertos contratistas, vulnerando principios de transparencia y equidad en el uso de recursos destinados a la gestión de riesgos.
Aunque ambos exdirectivos fueron imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, ellos han rechazado los cargos, lo que abre una nueva etapa en esta investigación que pone en evidencia la gestión de los recursos destinados a la atención de desastres naturales. La Fiscalía continúa recopilando pruebas que podrían ampliar las implicaciones de este caso, mientras que la ciudadanía espera respuestas claras sobre cómo se manejaron los recursos públicos en un contexto tan crítico para la seguridad y bienestar de las regiones afectadas.
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