El proyecto de reforma al Código Minero, que buscaba modificar varios aspectos fundamentales de la legislación minera en Colombia, fue archivado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes debido a un incumplimiento crítico: la falta de consultas previas a las comunidades potencialmente afectadas por las medidas propuestas.
El congresista del Partido Liberal, Octavio Cardona León, quien había sido designado ponente del proyecto, presentó una ponencia negativa al constatar que no se había realizado el proceso de consulta previa con las comunidades, un requisito fundamental según la legislación colombiana. Esto dejó al proyecto sin base jurídica para continuar su trámite legislativo.
La decisión fue respaldada por un amplio consenso dentro de la Comisión Quinta, cuyos miembros destacaron la importancia de respetar los derechos fundamentales de las comunidades, especialmente las étnicas, en los procesos de toma de decisiones que puedan impactar sus territorios y formas de vida.
«Por considerar que va en contravía de la conservación de ecosistemas, hoy en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes votamos para archivar la reforma al Código de Minas. Es importante equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental en el trabajo legislativo», afirmó Julia Miranda Londoño, representante a la Cámara.
El proyecto de reforma pretendía abordar temas críticos como la legalización y formalización de la minería, el ordenamiento territorial y la coordinación entre las autoridades mineras y ambientales. Sin embargo, la falta de un proceso de consulta previo hizo que esta iniciativa no fuera viable en su forma actual.
Las consultas previas son un derecho fundamental y colectivo de los grupos étnicos en Colombia, reconocidas por la Constitución, y buscan garantizar que las comunidades indígenas y afrodescendientes participen en las decisiones que puedan afectar su territorio. En el sector minero, este proceso es esencial para evitar daños a la integridad cultural, social y económica de estas comunidades.
Este archivo refleja un compromiso de la Comisión Quinta con los principios de participación y protección ambiental, dejando claro que las reformas legislativas deben cumplir con los procesos legales y sociales establecidos.
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