El 28 de marzo de 2025, en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, se celebró una audiencia pública que visibilizó el conflicto socioambiental que afecta a los municipios de San Luis de Gaceno y Santa María, en Boyacá. La convocatoria fue realizada por la senadora Carolina Espitia, quien presidió el evento, y reunió a diversas veedurías ciudadanas, alcaldes, concejales, y representantes de instituciones nacionales y regionales.
Durante la audiencia, los habitantes de estas localidades expusieron sus preocupaciones por los efectos negativos que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos han tenido en su entorno. Según los testimonios de los campesinos, hace más de una década comenzaron a registrarse afloramientos de sustancias contaminantes en fuentes de agua, lo que ha comprometido la salud de la población y afectado la producción agrícola de la región. Los habitantes denunciaron que estos problemas se iniciaron coincidiendo con los trabajos de la empresa Nikoil Energy en la zona.
«La jornada fue muy productiva. Consideramos que fue un espacio valioso de diálogo entre la sociedad civil y las entidades de orden municipal, departamental y nacional que tienen responsabilidad en la atención a este conflicto», expresó la senadora Carolina Espitia al final del encuentro, destacando la importancia de la participación ciudadana en la construcción de soluciones.
Compromisos y acciones inmediatas
Como resultado de la audiencia, se acordó una hoja de ruta con compromisos concretos que incluyen la realización de un estudio integral del pozo Medina, un área crítica donde se ha reportado la mayor parte de la contaminación. La comunidad ha solicitado que este análisis sea realizado por un ente independiente, sin vínculos con las partes interesadas, para garantizar la transparencia y la objetividad en los resultados.
Además, se pidió a las autoridades que unan esfuerzos para asegurar que la empresa Nikoil Energy y las entidades gubernamentales asuman su responsabilidad en la mitigación del daño ambiental y en la implementación de medidas de reparación para los afectados. La senadora Espitia también destacó la necesidad de que el Ministerio Público, la Procuraduría y otras entidades de control realicen un seguimiento estricto a los compromisos adquiridos por la empresa, ya que las veedurías ciudadanas han señalado que los acuerdos previos no se han cumplido en su totalidad.
Mesa técnica y seguimiento a los compromisos
Una de las conclusiones clave de la audiencia fue la creación de una mesa técnica, en la que participarán tanto el sector público como privado, con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de las acciones acordadas. La senadora Espitia aseguró que trabajará activamente para asegurar que la comunidad reciba información sobre los avances y se logren soluciones concretas en el menor tiempo posible.
Además de las comunidades afectadas de San Luis de Gaceno y Santa María, la audiencia contó con la participación de diversos actores institucionales, entre ellos la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), entre otros.
Próximos pasos y acciones en marcha
En el marco de la audiencia, también se informó sobre la posible realización de una audiencia ambiental en mayo de 2025, lo que ofrecerá un espacio adicional para discutir las implicaciones del conflicto y las acciones a seguir. Por otro lado, el Servicio Geológico Colombiano anunció que actualmente está llevando a cabo un estudio sobre la situación, cuyos resultados se esperan para finales de este año.
Este encuentro en el Congreso, con la participación activa de las comunidades y las autoridades, marca un paso importante en la visibilización de los impactos del extractivismo en el medio ambiente y la vida de los colombianos. La senadora Espitia finalizó su intervención reafirmando el compromiso de su oficina para actuar como un puente entre los afectados y las instituciones encargadas de encontrar soluciones, asegurando que los derechos de las comunidades sean respetados y atendidos de manera efectiva.
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