Tras la reubicación de 93 víctimas del conflicto provenientes del Catatumbo hacia Bogotá, la comunidad de víctimas en Puerto Boyacá expresó su preocupación y exigió ser escuchada por el Gobierno Nacional.
Las familias desplazadas permanecieron por casi dos semanas en la finca Las Palmas antes de su traslado voluntario el 14 de abril. Sin embargo, este proceso generó inquietud entre más de 5.000 víctimas locales, quienes temen quedar al margen en temas clave como la entrega y titulación de tierras.
El personero municipal, Linares Basallo, criticó la falta de coordinación con autoridades locales y señaló que decisiones de este tipo deben ser claras, participativas y tener en cuenta a todas las comunidades vulnerables del territorio, incluidas asociaciones campesinas y afrodescendientes.
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