La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por más de $8.459 millones en contratos de actualización catastral ejecutados en ocho municipios de Boyacá, financiados por el Banco Mundial y el BID.
Las investigaciones se centraron en contratos celebrados con la empresa Telespazio Argentina S.A. y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en los municipios de Sativasur, Socha, Socotá, Tasco, Busbanzá, Betéitiva, Corrales y Paz del Río.
Entre las anomalías más graves se destacan disminución injustificada en el número de predios registrados, avalúos catastrales incrementados hasta en un 9.582%, inconsistencias en las áreas de inmuebles, y falta de verificación en campo, lo que afecta directamente el valor del impuesto predial para los ciudadanos.
Además, la Contraloría señaló que no se socializó adecuadamente el proceso, no se aplicaron las cláusulas de control de calidad, y se evidenciaron incumplimientos contractuales que terminaron obligando al IGAC a asumir costos correctivos.
Los hallazgos han sido remitidos a la Procuraduría General de la Nación y a otras instancias de control para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales.
Una nueva alerta sobre el manejo de recursos públicos en procesos que impactan directamente a las comunidades rurales.