El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó una sentencia que obliga al Departamento de Boyacá y al Municipio de Coper a tomar medidas inmediatas para intervenir la sede San Ignacio de la I.E. San Miguel, ubicada en la vereda Turtur, debido a su avanzado deterioro estructural.
El fallo, proferido el 28 de junio de 2024 por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, declaró vulnerados los derechos colectivos a la seguridad pública y a la prevención de desastres. La decisión ordena sellar y señalizar la sede afectada, reubicar provisionalmente a los estudiantes, y adelantar estudios técnicos que definan si es viable su intervención o si debe construirse una nueva infraestructura.
La demanda fue presentada por el personero municipal de Coper, quien evidenció, con apoyo técnico, el riesgo inminente de ruina de la escuela. Aunque el municipio y el departamento argumentaron haber gestionado acciones preventivas y señalaron limitaciones presupuestales, el tribunal concluyó que el riesgo persiste y exige una solución definitiva.
Las autoridades cuentan con plazos escalonados de hasta 11 meses para ejecutar estudios, definir soluciones y suscribir contratos de obra que garanticen la seguridad de la comunidad educativa.
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