El Tribunal Administrativo de Boyacá condenó al Municipio de Tunja a pagar las prestaciones sociales adeudadas a una trabajadora que, aunque fue contratada como prestadora de servicios por más de cinco años, desempeñó las mismas funciones que realizaba cuando estuvo vinculada como empleada pública.
La demandante laboró entre 2014 y 2019 en labores de aseo y mantenimiento en la Alcaldía, bajo sucesivos contratos de prestación de servicios. Sin embargo, el tribunal evidenció que su rol no cambió respecto al que cumplía desde 2012 como auxiliar de servicios generales en planta.
La sentencia concluyó que el municipio encubrió una relación laboral permanente, desmejorando injustificadamente las condiciones laborales de la trabajadora y desconociendo principios como el de primacía de la realidad y “a trabajo igual, salario igual”.
La administración deberá indemnizarla por los derechos laborales dejados de percibir durante ese periodo.
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