El Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja tuteló los derechos fundamentales de los estudiantes de la sede Camilo Torres de la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Ricaurte (IETIAR), en Villa de Leyva, tras evidenciarse el grave deterioro de su infraestructura.
La acción fue promovida por dos concejales del municipio, quienes denunciaron filtraciones, baños en mal estado y riesgo estructural que ponen en peligro a los 321 estudiantes de primaria.
El fallo ordena al municipio realizar un estudio de vulnerabilidad en 48 horas y al Departamento de Boyacá instalar, en 72 horas, una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación para ejecutar un plan de contingencia y reubicar de manera transitoria a los menores. También se exige impulsar el proyecto de construcción de una nueva sede educativa.
Aunque el Ministerio de Educación impugnó parcialmente la decisión, el tribunal confirmó que debe avanzar en el trámite del proyecto radicado desde hace más de un año, al considerar que su inacción ha vulnerado los derechos de los menores.
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