El sistema penitenciario colombiano atraviesa una crisis creciente: según cifras del INPEC, al 23 de septiembre de 2025 las cárceles presentan un hacinamiento del 28,6 %, con 104.395 internos para solo 81.139 cupos, 2,1 puntos más que el año anterior.
La situación es más grave en centros de detención transitoria, como estaciones de Policía y URI, donde la sobrepoblación llega a un alarmante 142,5 %. Incluso en cárceles de mujeres hay casos críticos: Bogotá registra un 40,8 % de hacinamiento y el Cesar alcanza el 140 %.
Expertos advierten que el problema va más allá del número de reclusos: se vulneran derechos básicos como salud, alimentación y acceso a la justicia. Señalan además que la política criminal se ha enfocado en el aumento de penas, sin fortalecer la prevención del delito ni promover alternativas de justicia restaurativa.
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