El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó al Departamento de Boyacá y al Municipio de Chiscas tomar medidas urgentes para proteger a la comunidad educativa, ante el grave deterioro de varias instituciones oficiales que representan peligro de colapso.
La decisión responde a una acción popular de la Defensoría del Pueblo, que evidenció grietas, hundimientos y filtraciones en sedes de las instituciones Técnico Agropecuario, Jaime Ruiz Carrillo, Las Mercedes, Las Cañas y el jardín infantil Mi Pequeño Mundo.
El fallo exige, en un plazo máximo de 15 días, cerrar y desalojar las sedes más críticas, reubicar a estudiantes, docentes y personal administrativo en espacios seguros, y señalizar las áreas restringidas. Además, el departamento deberá iniciar en seis meses las obras de reparación y reconstrucción, en coordinación con el municipio.
Las autoridades deberán presentar informes periódicos con evidencia fotográfica del avance, para garantizar que el derecho a la educación se cumpla sin riesgo para la integridad de la comunidad escolar.
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