La Fiscalía General de la Nación imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de prestación de servicios.
Según la investigación, Krasnov habría amenazado al exgerente de Ecovivienda para que firmara un documento que lo eximiera de responsabilidad, tras la suscripción de dos contratos por más de 54 millones de pesos, vinculados a la retirada de una demanda de nulidad de su elección.
Los tres procesados enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, y el alcalde, además, por amenazas a testigo. El juez de control de garantías les impuso medidas no privativas de la libertad mientras avanza el proceso judicial.