La Contraloría General de la República alertó sobre un comportamiento inusual en la contratación pública durante la primera semana de noviembre, cuando el Estado comprometió $9 billones en convenios y contratos interadministrativos, una cifra muy por encima de los niveles históricos.
El 7 de noviembre, último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, se registró un pico sin precedentes: $6,1 billones contratados en una sola jornada, equivalentes al 68% de todo lo ejecutado en la semana y 2,9 veces el promedio mensual de enero a agosto. El incremento frente al comportamiento histórico fue del 190%.
El análisis, realizado a través del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo y con información del SECOP, motivó la primera alerta de la Contraloría en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. La entidad advirtió que esta concentración en un solo día podría reflejar fallas en la planificación o aceleraciones contractuales previas a las restricciones electorales.
El Departamento de Prosperidad Social fue la entidad con mayor participación en el volumen contractual, con $770 mil millones (8,5% del total). La Contraloría informó que continúa analizando el comportamiento por regiones y por tipos de contrato.
La DIARI y las delegadas de control fiscal mantienen un seguimiento reforzado para detectar operaciones sensibles, emitir alertas tempranas y asegurar que los recursos públicos no se utilicen en contravía de la Ley de Garantías ni con fines ajenos al interés general.
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