La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por más de $22 mil millones debido a irregularidades en la compra de 80 carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira.
La primera imputación, por $9.573 millones, se profiere contra la empresa Impoamericana Roger S.A.S y los exfuncionarios Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Según el ente de control, la empresa habría sobrecosteado los vehículos y no cumplió con varias obligaciones pese a recibir pagos anticipados. Los carros llegaron con retraso y el sobrecosto total se calculó en $10.772 millones, aunque parte del dinero ya fue reintegrado en procesos judiciales.
La segunda imputación asciende a $12.579 millones y se relaciona con otra contratación entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Corporación Yapurutú. La Contraloría detectó pagos por servicios no prestados, deficiencias en la planeación y sobrecostos frente a los precios de mercado.
Ambos procesos vinculan a los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras que el actual director, Carlos Alberto Carrillo Arenas, fue excluido al verificarse que los vehículos ya están en funcionamiento.
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