El Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó que todas las entidades públicas con atención al ciudadano deben garantizar condiciones de accesibilidad para personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas, incluso si no existen quejas previas o registros de usuarios con estas discapacidades. Al confirmar un fallo contra el municipio de Nuevo Colón, la corporación ordenó contar con un guía intérprete idóneo, o un sistema equivalente, e instalar señalización visual, alarmas luminosas y avisos en braille. La decisión subraya que la falta de intérpretes y de señalización accesible vulnera el derecho colectivo de acceso eficiente a los servicios públicos y también compromete la seguridad y la prevención de riesgos.
El alto tribunal desestimó los argumentos del municipio, que alegó no tener población sordociega y contar con una plataforma tecnológica para personas con hipoacusia. Para la Sala, la ley no establece una protección condicionada ni progresiva, sino un amparo integral y simultáneo para todas las personas con discapacidad auditiva y visual. En ese sentido, precisó que las herramientas digitales no reemplazan la obligación legal de disponer de un guía intérprete, figura clave para la comunicación, la orientación y la movilidad de las personas sordociegas.
Asimismo, el fallo recalcó que la ausencia de quejas no exonera a las autoridades de cumplir la normativa vigente. Recordó que, según el Consejo de Estado, el solo hecho de no contar con intérpretes ni señalización adecuada ya configura una vulneración de los derechos colectivos. Con esta decisión, el Tribunal envía un mensaje claro a las entidades territoriales: la inclusión y la accesibilidad no son opcionales, sino deberes exigibles que materializan la igualdad y el acceso efectivo a los servicios públicos.
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