Exmadres comunitarias y madres sustitutas de Boyacá, especialmente en Chiquinquirá, alzaron su voz para denunciar retrasos en el pago del subsidio pensional que reciben tras décadas de servicio a la primera infancia. El beneficio, respaldado por la Ley 1450 y acuerdos recientes con el Gobierno nacional, cubre entre el 80 % y el 95 % del apoyo económico, según el tiempo laborado.
De acuerdo con voceras sindicales, los pagos que se realizaban mensualmente a través del Fondo de Solidaridad Pensional están suspendidos desde noviembre de 2025, afectando a mujeres adultas mayores que dependen de este ingreso para cubrir arriendo, alimentación y medicamentos.
Las líderes comunitarias advierten que, pese a compromisos de solución anunciados para enero de 2026, no han recibido respuestas oficiales ni desembolsos. Ante la falta de claridad, acudieron a los medios de comunicación para exigir el cumplimiento de sus derechos y el reconocimiento a una labor social que, durante años, sostuvo la atención de la primera infancia en Colombia.
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