Un giro judicial de alto impacto sacudió a la Cámara de Comercio de Tunja. En una decisión de segunda instancia, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de la ciudad ordenó el reintegro de su expresidente ejecutivo, John Jairo Martínez Álvarez, al considerar que su desvinculación vulneró derechos fundamentales.
El fallo marca un precedente al ir más allá de un conflicto laboral ordinario. Según el juez, aunque la Junta Directiva actuó dentro de sus facultades estatutarias al remover al directivo el pasado 12 de febrero de 2026, no evaluó de fondo una condición clave: Martínez Álvarez estaba en tránsito hacia el reconocimiento de su pensión de vejez.
La consecuencia fue crítica. Sin acto administrativo que confirmara su pensión ni pago de mesadas, el exfuncionario quedó, en palabras de la providencia, “sin salario y sin pensión”, es decir, sin ingresos periódicos. Esta situación, determinó el despacho, afectó directamente su derecho al mínimo vital y a la seguridad social.
En primera instancia, la tutela había sido rechazada bajo el argumento de que existían otras vías judiciales para reclamar. Sin embargo, el juez de segunda instancia cambió el rumbo del caso al considerar que la urgencia y la condición de adulto mayor del accionante hacían procedente la acción constitucional como mecanismo inmediato de protección.
El fallo también cuestiona la actuación de la Junta Directiva, señalando que, pese a haber sido informada sobre el estado pensional del directivo, no realizó un análisis jurídico suficiente antes de tomar la decisión de retirarlo del cargo.
Como resultado, el juzgado ordenó no solo el reintegro de Martínez Álvarez, sino también medidas concretas para garantizar sus derechos. Entre ellas, que el exdirectivo radique su solicitud de pensión ante Colpensiones dentro de los diez días siguientes a su regreso, y que esta entidad le dé trámite preferente.
La decisión reabre el debate sobre los límites de la autonomía de las entidades frente a los derechos fundamentales de sus funcionarios, especialmente en casos donde están en juego condiciones de vulnerabilidad. Mientras tanto, el caso de Tunja deja una señal clara: incluso decisiones aparentemente legales pueden ser cuestionadas si comprometen la dignidad y la subsistencia de las personas.
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