La Contraloría Municipal de Tunja abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Mikhail Krasnov y dos exfuncionarias de su administración, por presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento suscritos durante las vigencias 2024 y 2025 que habrían causado un detrimento patrimonial superior a los 6 millones de pesos.
El proceso, identificado con el número 001-2026, también vincula a Luz Mila Acevedo Galán, directora de contratación de la Alcaldía, y a Ahiliz Rojas Rincón, entonces secretaria del Interior y Seguridad Territorial. La investigación busca determinar si existieron fallas en la gestión fiscal relacionadas con el incremento de los cánones de arrendamiento de varios inmuebles utilizados por dependencias oficiales del municipio.
Según el auto de apertura conocido públicamente, el ente de control detectó aparentes inconsistencias en los contratos No. 372 y No. 515 de 2025, celebrados para el funcionamiento de oficinas de la Secretaría del Interior, comisarías de familia y dependencias de tránsito y espacio público de la capital boyacense.
La Contraloría sostiene que los valores de arrendamiento habrían aumentado de manera significativa frente a periodos anteriores sin que existieran mejoras estructurales, adecuaciones o justificaciones técnicas que respaldaran dichos incrementos. El posible daño patrimonial fue calculado preliminarmente en $6.360.650.
Dentro de las actuaciones ordenadas por el organismo fiscal se encuentra la práctica de pruebas documentales y la solicitud de información a entidades financieras, oficinas de registro, organismos de tránsito y cámaras de comercio, con el objetivo de verificar bienes, movimientos y eventuales responsabilidades de los implicados.
El expediente también contempla la vinculación de una aseguradora como tercero civilmente responsable, debido a la existencia de pólizas relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Este nuevo proceso se suma a una serie de investigaciones judiciales y fiscales que han rodeado recientemente a la administración de Krasnov. En abril pasado, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra el exmandatario por presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios relacionados con el retiro de una demanda de nulidad electoral.
Asimismo, el Consejo de Estado confirmó este año la nulidad de la elección de Krasnov como alcalde de Tunja, tras determinar que incurrió en una inhabilidad por contratación con entidades públicas antes de los comicios de 2023.
Aunque el proceso fiscal apenas inicia y los investigados conservan la presunción de inocencia, el caso vuelve a poner en el centro del debate el manejo de los recursos públicos y los controles sobre la contratación estatal en la capital boyacense.
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