La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Néstor Orlando Cely Bautista, exdocente de tecnología e informática de la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Tunja, por presuntos actos sexuales cometidos contra una estudiante de apenas 11 años dentro del plantel educativo.
El caso, que ya había derivado en una condena penal, vuelve a generar indignación en la capital boyacense tras conocerse el avance del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Provincial de Tunja, entidad que calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Según el expediente conocido por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el primero de agosto de 2024 dentro del aula de informática de la institución educativa. Allí, presuntamente, el docente habría realizado tocamientos en las partes íntimas de la menor mientras desarrollaban una actividad relacionada con la práctica de un baile escolar.
La Procuraduría indicó que la actuación disciplinaria busca determinar la responsabilidad del entonces funcionario público por una posible vulneración grave de sus deberes como educador y garante de los derechos de los menores de edad. El organismo enfatizó que este tipo de conductas representan una transgresión a los principios de protección y cuidado que deben prevalecer en los entornos escolares.
Paralelamente, la justicia ordinaria ya emitió sentencia en contra de Cely Bautista. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja lo condenó a 12 años y tres meses de prisión, pena que actualmente cumple en establecimiento carcelario.
Documentos oficiales publicados por la Procuraduría evidencian que el proceso disciplinario venía avanzando desde 2024 mediante actuaciones de instrucción y notificaciones relacionadas con la investigación contra el docente.
El caso ha generado preocupación entre padres de familia, docentes y comunidad educativa de Tunja, especialmente por tratarse de hechos ocurridos al interior de una institución pública y en un espacio académico destinado a la formación de menores.
Organismos de protección a la infancia han insistido en la necesidad de fortalecer las rutas de denuncia, los protocolos de atención y los mecanismos de prevención frente a cualquier tipo de violencia sexual en colegios del país. En Colombia, la Ley 1146 de 2007 establece medidas para la prevención y atención integral del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, además de obligaciones específicas para las instituciones educativas en materia de protección y reporte de posibles casos.
La Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo vigilancia disciplinaria sobre servidores públicos involucrados en hechos que comprometan la integridad y los derechos fundamentales de menores de edad.
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