La crisis financiera del sistema de salud volvió a encender las alarmas en Boyacá. Los 13 hospitales públicos de orden departamental han denunciado que las millonarias deudas acumuladas por parte de las EPS y otras entidades responsables de pago están poniendo en riesgo la continuidad de los servicios médicos para miles de usuarios en el departamento.
De acuerdo con cifras reportadas por la Contaduría General de la Nación y reveladas por la red hospitalaria departamental, la cartera acumulada supera los $822.116 millones, una cifra que evidencia el deterioro financiero que enfrentan los centros asistenciales y que amenaza su capacidad operativa.
La situación afecta directamente a hospitales estratégicos que concentran gran parte de la deuda acumulada. Según reportes conocidos en 2026, solo el Hospital San Rafael tendría una cartera pendiente superior a los $269 mil millones, mientras Duitama supera los $131 mil millones y Sogamoso ronda los $72 mil millones.
Los gerentes hospitalarios aseguran que el problema se agravó por el incumplimiento en el giro del 80 % de la cartera corriente facturada y radicada, obligación contemplada en la normatividad vigente para garantizar el flujo de recursos hacia las IPS públicas. Gran parte de las EPS involucradas se encuentran bajo medidas de vigilancia especial o intervención administrativa.
“La red hospitalaria está en cuidados intensivos”
Además del retraso en los pagos, los hospitales denuncian múltiples obstáculos administrativos que dificultan la recuperación de la cartera.
Entre las principales irregularidades reportadas se encuentran:
Limitaciones en las plataformas de radicación de facturas, que retrasan la asignación de números de radicado.
Demoras en las conciliaciones de glosas.
Falta de representantes con capacidad de decisión en las mesas de conciliación.
Ausencia de acuerdos efectivos de pago.
Devoluciones reiteradas de cuentas por servicios ya prestados.
La situación, según los hospitales, se ha convertido en un “círculo vicioso” que impide sanear financieramente la red pública de salud.
En Boyacá funcionan aproximadamente 105 Empresas Sociales del Estado (ESE), muchas de ellas municipales, que también estarían enfrentando dificultades similares por la falta de liquidez y el represamiento de pagos.
Usuarios comienzan a sentir el impacto
La crisis ya empieza a reflejarse en la atención de los pacientes. A finales de 2025 y comienzos de 2026, varias instituciones públicas del departamento anunciaron restricciones en servicios para afiliados de algunas EPS, especialmente de la Nueva EPS, debido al incumplimiento en los pagos.
Entre las medidas adoptadas estuvieron la suspensión de consultas externas especializadas, cirugías programadas y algunos procedimientos diagnósticos, aunque se mantuvo la atención de urgencias, tal como exige la ley.
La preocupación crece porque Boyacá es uno de los departamentos con mayor cobertura de población afiliada al sistema subsidiado y contributivo administrado por EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
Crisis nacional con repercusiones regionales
El panorama de Boyacá refleja una problemática nacional. En abril de 2026, diferentes informes advirtieron que las deudas acumuladas del sistema de salud en Colombia superan los $25 billones, concentradas principalmente en EPS bajo intervención estatal.
Hospitales y clínicas del país han alertado que la falta de flujo de recursos está afectando el pago de nóminas, la compra de medicamentos, los servicios especializados y la sostenibilidad de la atención médica.
Pese a la gravedad de la situación, los hospitales públicos boyacenses reiteraron que continuarán prestando servicios a la comunidad mientras hacen un llamado urgente al Gobierno nacional, la Superintendencia de Salud y las EPS para que adopten medidas inmediatas que permitan garantizar la operación de la red hospitalaria y proteger el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.
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