Obras suspendidas cerca del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla vuelven al centro de la polémica tras advertencias de la Procuraduría y posibles incumplimientos a una orden del Tribunal Administrativo de Boyacá.
Un nuevo capítulo judicial rodea uno de los proyectos urbanísticos más controvertidos de Tunja. La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente abrir un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que suspendió las obras de un proyecto inmobiliario desarrollado por la Constructora Project Group S.A.S., en inmediaciones del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.
La solicitud fue presentada por la procuradora judicial Paola Rocío Pérez Sánchez ante el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja, luego de conocerse denuncias ciudadanas y un derecho de petición radicado el pasado 19 de mayo, en el que se advertía sobre posibles intervenciones en el predio pese a la orden judicial vigente.
Según el documento conocido por medios regionales, la Procuraduría pidió además que se realice una inspección técnica y administrativa al lugar de las obras para verificar si efectivamente se está incumpliendo la suspensión ordenada por la justicia. La diligencia estaría a cargo de la Inspección Octava de Policía y Control Urbano de Tunja.
Un proyecto bajo cuestionamiento
La polémica alrededor de esta iniciativa inmobiliaria no es nueva. En febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la suspensión provisional del proyecto, tras una demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contra la Curaduría Urbana número 2 de Tunja y la empresa constructora.
La Aerocivil argumentó que la licencia urbanística habría sido otorgada sin contar con el concepto aeronáutico obligatorio, requisito esencial debido a la cercanía del terreno con el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Además, los estudios técnicos advertían una posible afectación a zonas consideradas de uso público aeroportuario.
Uno de los elementos que más llamó la atención de las autoridades judiciales fue que el proyecto fue promovido inicialmente como “vivienda campesina”, aunque posteriormente se estableció que correspondía a una iniciativa privada de alto nivel, orientada al mercado de vivienda de lujo.
El Tribunal concluyó que permitir la continuidad de las obras podría generar daños difíciles de revertir mientras avanza el proceso de nulidad de la licencia urbanística expedida por la Curaduría Urbana número 2 de Tunja.
Posibles sanciones
La Procuraduría advirtió que, de comprobarse el desacato, el despacho judicial podría imponer medidas coercitivas y sanciones legales contra los responsables del eventual incumplimiento.
Expertos en derecho urbanístico señalan que un incidente de desacato puede derivar en multas económicas, suspensión de actividades e incluso investigaciones disciplinarias adicionales si se demuestra desobediencia a una orden judicial.
El caso también reabre el debate sobre los controles urbanísticos en Tunja y el papel de las curadurías urbanas en la expedición de licencias para proyectos de alto impacto.
Mientras avanzan las investigaciones, el futuro del proyecto continúa en incertidumbre y bajo vigilancia de los organismos de control.
Acerca del autor
