El organismo de control investiga posibles irregularidades en el proceso contractual que respaldó el concurso de méritos para escoger al personero municipal del periodo 2024-2028.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el expresidente del Concejo Municipal de Cucaita, Boyacá, Javier Enrique Niño Borda, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de apoyo para la realización del concurso de méritos destinado a la elección del personero municipal para el periodo 2024-2028.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, luego de evaluar actuaciones que, al parecer, habrían incumplido requisitos legales y administrativos indispensables dentro del proceso contractual adelantado por la corporación pública.
De acuerdo con el organismo de control, el entonces presidente del Concejo habría omitido la elaboración de los estudios previos exigidos por la normativa vigente, así como el análisis obligatorio que debe realizarse antes de adelantar una contratación estatal. Estas etapas son consideradas fundamentales para garantizar la transparencia, planeación y correcta ejecución de los recursos públicos.
La investigación se centra en el contrato suscrito para apoyar la organización y desarrollo del concurso de méritos mediante el cual se seleccionó al personero municipal, cargo encargado de velar por la protección de los derechos humanos, la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y la defensa de los intereses de la comunidad.
Según la Procuraduría, la presunta omisión de estos requisitos podría haber afectado los principios de planeación y legalidad que rigen la contratación pública en Colombia. Por ello, el ente disciplinario decidió formular cargos y avanzar en el proceso correspondiente para determinar la eventual responsabilidad del investigado.
La conducta atribuida a Niño Borda fue calificada provisionalmente como falta grave cometida a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario colombiano. No obstante, la calificación es preliminar y será objeto de análisis durante las siguientes etapas procesales.
Con la formulación de cargos se abre formalmente la etapa en la que el investigado podrá ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y controvertir los señalamientos realizados por el Ministerio Público.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cumplir rigurosamente los procedimientos establecidos para la contratación pública, especialmente en procesos relacionados con la selección de funcionarios encargados de ejercer control y vigilancia en los municipios.
La Procuraduría reiteró que su actuación busca garantizar la transparencia administrativa y el respeto por los principios que orientan la función pública, mientras avanza el trámite disciplinario que permitirá establecer si existió o no responsabilidad por parte del exfuncionario.
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