El polémico proyecto urbanístico San Cayetano vuelve al centro del debate público en Villa de Leyva. Un grupo de ciudadanos anunció el inicio de una acción popular con la que busca que la justicia ordene detener las obras del predio, ubicado en zona rural del municipio, por presuntas afectaciones ambientales, hídricas y urbanísticas.
La iniciativa es liderada por el abogado Kristhian Amaya, quien explicó que el objetivo del proceso es proteger los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente, el ordenamiento territorial y los recursos hídricos de la región, ante lo que consideran un riesgo de daños irreversibles si las obras continúan avanzando.
De acuerdo con lo señalado por el jurista, el trámite comenzó el pasado 2 de julio con la radicación de un derecho de petición ante la Alcaldía de Villa de Leyva, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la firma Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., empresa encargada del desarrollo del proyecto. Esta solicitud constituye un requisito previo antes de presentar formalmente la acción popular ante un juez, y busca que las autoridades adopten medidas urgentes para prevenir, detener y remediar los presuntos impactos generados por la construcción en el predio.
El caso de San Cayetano ha estado en el ojo público desde hace varios meses, luego de que se conociera que una vivienda inicialmente autorizada con un área cercana a los 550 metros cuadrados terminó convertida en una construcción de más de 5.000 metros cuadrados, con lagos artificiales, pesebreras, capilla y otras edificaciones que, según las autoridades locales, no contaban con los soportes técnicos y ambientales necesarios. La administración municipal ha señalado además inconsistencias relacionadas con afectaciones a microcuencas cercanas y diferencias entre lo licenciado inicialmente y lo efectivamente construido.
El proyecto está directamente relacionado con el proceso judicial que mantiene privado de la libertad al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, investigado por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción, en un caso que involucra denuncias sobre el presunto cobro de dinero a cambio de agilizar trámites de licenciamiento para la obra.
Además del proceso judicial en curso, la acción popular busca convocar a la comunidad para respaldar la iniciativa mediante la recolección de firmas, con el propósito de fortalecer la defensa del territorio y presionar una respuesta oportuna de las autoridades ambientales y municipales antes de que se autoricen nuevas intervenciones en el predio.
El caso mantiene dividida a la comunidad de Villa de Leyva, entre quienes respaldan al alcalde capturado y quienes exigen mayor control sobre los proyectos urbanísticos que se desarrollan en este municipio, reconocido como patrimonio histórico y cultural de Boyacá.
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