El presidente pidió a su equipo agilizar la adjudicación de tierras disponibles en el Fondo de Tierras para consolidar uno de los principales compromisos de su administración. La meta es beneficiar a miles de familias rurales antes del próximo 7 de agosto.
La Reforma Agraria volvió a ocupar el centro de la agenda nacional. Durante un acto de entrega de tierras realizado en Montería, el presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio de Agricultura y a las entidades responsables acelerar la adjudicación de cerca de 600.000 hectáreas que actualmente hacen parte del Fondo de Tierras, con el propósito de que lleguen a manos de familias campesinas antes de concluir el actual periodo de gobierno.
El mandatario aseguró que la administración ha logrado adquirir alrededor de un millón de hectáreas durante los últimos cuatro años, de las cuales aproximadamente 400.000 ya han sido entregadas, mientras que las restantes permanecen en proceso de formalización y adjudicación.
La instrucción busca evitar que los avances alcanzados en la política de acceso a la tierra se detengan con la llegada de una nueva administración y permitir que miles de familias rurales puedan convertirse en propietarias de los predios que durante décadas esperaron obtener.
La tierra como eje de la justicia social
Durante su intervención, Petro insistió en que el acceso a la tierra constituye uno de los pilares para reducir la desigualdad histórica del campo colombiano y fortalecer la producción de alimentos.
Según el jefe de Estado, la redistribución de predios debe desarrollarse mediante mecanismos institucionales y sin recurrir a la violencia, resaltando que el proceso adelantado por su gobierno se ha realizado mediante compra y negociación con los propietarios, sin confrontaciones armadas.
El mandatario sostuvo que la Reforma Agraria busca reparar una deuda histórica con el campesinado colombiano y generar condiciones para incrementar la producción agropecuaria, mejorar los ingresos rurales y fortalecer la seguridad alimentaria del país.
Prepararse para el impacto del fenómeno de El Niño
Además de la entrega de tierras, el presidente hizo un llamado a las entidades del Gobierno Nacional para ejecutar con rapidez los recursos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático.
Advirtió que Colombia podría enfrentar una temporada de sequías asociadas al fenómeno de El Niño, por lo que pidió acelerar inversiones en infraestructura, abastecimiento de agua y fortalecimiento de la producción agrícola para reducir el riesgo de desabastecimiento de alimentos en las regiones más vulnerables.
El mandatario enfatizó que una agricultura fortalecida representa una herramienta fundamental para enfrentar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los eventos climáticos extremos.
Una de las principales apuestas del Gobierno
La Reforma Agraria ha sido uno de los programas emblemáticos del Gobierno Nacional desde el inicio del actual mandato. Su implementación contempla la adquisición de predios, la formalización de la propiedad rural, el fortalecimiento del Fondo de Tierras y el acompañamiento técnico y financiero a los nuevos beneficiarios.
El proceso también responde a compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo primer punto plantea la necesidad de promover una Reforma Rural Integral orientada a disminuir la concentración de la tierra y mejorar las condiciones de vida en el campo colombiano.
Aunque el avance del programa ha sido respaldado por organizaciones campesinas, también ha generado debates sobre la velocidad de ejecución, la disponibilidad presupuestal y los desafíos administrativos para garantizar que las tierras adjudicadas cuenten con vías, asistencia técnica, crédito y proyectos productivos que aseguren su sostenibilidad.
El reto va más allá de entregar tierras
Expertos en desarrollo rural coinciden en que el acceso a la propiedad constituye apenas el primer paso para transformar las condiciones del campo. La productividad de los nuevos predios dependerá del acompañamiento estatal, el acceso a mercados, la infraestructura, el financiamiento y la inversión en bienes públicos rurales.
Con la instrucción presidencial de acelerar las adjudicaciones, el Gobierno busca consolidar uno de los legados centrales de su política agraria. El desafío ahora será que esas miles de hectáreas no solo cambien de propietario, sino que se conviertan en tierras productivas capaces de generar empleo, fortalecer la economía campesina y contribuir a la seguridad alimentaria de Colombia.
Acerca del autor
