El respaldo ciudadano a la minería llegó a su nivel más alto en una década, pero la confianza en las empresas del sector sigue rezagada. En ese contexto, compañías como Grupo Coquecol apuestan por estándares internacionales, economía circular y bienestar laboral para cerrar esa brecha.
Colombia atraviesa un momento paradójico en su relación con la minería. Según la más reciente Brújula Minera, el estudio de percepción más importante del sector en el país, tres de cada cuatro colombianos consideran hoy que la minería es positiva para el país, el nivel más alto desde que comenzó a realizarse la medición hace más de una década. Sin embargo, ese optimismo no se traduce automáticamente en confianza hacia las compañías: mientras el 75% de los colombianos ve con buenos ojos la actividad minera, solo el 45% tiene una imagen positiva de las empresas del sector, y la confianza específica en ellas apenas alcanza el 35%.
Esa brecha —entre aceptar la minería como actividad económica necesaria y confiar en quienes la ejecutan— es, según los propios gremios, el terreno donde se juega hoy la «licencia social» de las compañías. Y es también el motivo por el cual cada vez más empresas mineras e industriales del país están reforzando sus estrategias de sostenibilidad, adoptando estándares internacionales y comunicando de forma más abierta sus resultados sociales y ambientales.
TSM: el estándar canadiense que llegó para quedarse
Entre las herramientas más utilizadas está el TSM (Towards Sustainable Mining), un sistema de desempeño creado en Canadá en 2004. En Colombia, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) tiene la licencia de uso del estándar desde 2021, lo que convirtió al país en el tercer mercado de Latinoamérica en adoptarlo. El sistema se estructura en tres pilares —comunidades y personas, responsabilidad ambiental y cambio climático— desarrollados a través de nueve protocolos compuestos por indicadores que ayudan a las empresas a medir y a informar públicamente sobre la calidad de sus sistemas de gestión.
La implementación no es simbólica: exige un proceso de varios años. El estándar contempla una autoevaluación anual en la que las compañías revisan su desempeño frente a los indicadores, una verificación externa cada tres años a cargo de un auditor independiente, una carta de compromiso del líder de la empresa y un panel consultivo integrado por comunidades, ONG y otras organizaciones. Actualmente, cerca de 20 empresas afiliadas a la ACM se encuentran en distintas fases de esa implementación.
El caso Coquecol: coque metalúrgico y economía circular
Uno de los casos que ilustra esta tendencia es el de Grupo Coquecol, compañía colombiana líder en la producción y comercialización de carbón y coque metalúrgico, con operaciones en Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander y presencia comercial en varios de los mercados siderúrgicos más importantes del mundo. La empresa ha reportado hitos recientes en su cadena de exportación de coque metalúrgico —insumo clave para la producción de acero— que, según la compañía, se han traducido en generación de empleo directo en las regiones donde opera.
Más allá de las cifras de comercio exterior, Coquecol ha puesto el foco en su estrategia de economía circular, a través de la gestión de coproductos derivados de su proceso industrial, un enfoque que la compañía enmarca dentro del cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: energía asequible, agua limpia, trabajo decente, industria e infraestructura, ciudades sostenibles, acción climática y vida de ecosistemas terrestres.
Ese trabajo le valió a la compañía un lugar en el ranking de reputación del sector. Según el 9° Panel de Reputación del Sector Minero de Brújula Minera, presentado en 2025, Grupo Coquecol ocupó el noveno puesto entre las diez empresas mineras con mejor reputación de Colombia, un listado encabezado por Drummond, Cerrejón, Argos, Cerro Matoso y Paz del Río. El mismo informe reveló datos que respaldan el optimismo del sector sobre su fuerza laboral: el 73% de los trabajadores mineros afirma que su compañía tiene un buen trato con ellos, y cuatro de cada diez quisiera que sus hijos trabajaran en el sector.
La brecha con el Gobierno: otro frente de la sostenibilidad
Mientras la percepción ciudadana mejora, la relación entre el sector minero y el Gobierno Nacional se ha tensionado. La Brújula Minera 2026, que recogió la opinión de 273 directivos del sector y 269 autoridades de gobierno entre febrero y abril de 2026, encontró una paradoja: mientras las autoridades de gobierno reportan su mayor nivel de satisfacción en una década frente al desempeño ambiental, social y normativo de las empresas, apenas el 8% de los directivos mineros se declara satisfecho con el apoyo del Gobierno Nacional, una caída de 27 puntos frente al 35% registrado en 2022. Ese contraste —mejor desempeño reconocido, pero menor respaldo institucional percibido— es, según los analistas del sector, uno de los principales retos que enfrentan las estrategias de sostenibilidad minera de cara a los próximos años.
Comunidades, agua y árboles: el estándar de las grandes también se replica en las medianas
El compromiso ambiental no es exclusivo de las multinacionales de mayor tamaño. Empresas como Drummond han reportado ahorros superiores al millón de metros cúbicos de agua en sus operaciones mediante estrategias de uso eficiente, además de la recuperación de 188 hectáreas intervenidas en una de sus minas mediante la siembra de más de 86.000 árboles. Cerro Matoso, por su parte, entregó a comunidades de su área de influencia decenas de millones de litros de agua y reparó instalaciones de bombeo que benefician a miles de personas. Ese tipo de acciones —replicadas a distintas escalas por compañías medianas del sector del carbón y el coque— configuran hoy un estándar de facto que va más allá de lo exigido por la normativa ambiental colombiana.
El reto que viene: de la certificación a la confianza
El desafío de fondo, coinciden los expertos consultados por distintos medios especializados, no es tanto adoptar normas como GRI, TSM o certificaciones de huella de carbono, sino traducir esos procesos en confianza real y sostenida en el tiempo con las comunidades y la opinión pública. La Brújula Minera 2026 arrojó una pista sobre por dónde puede ir esa construcción de confianza: incluso entre votantes de perfiles políticos históricamente críticos con la actividad extractiva, el 66% considera que la minería es positiva para el país, y esa cifra sube al 71% en los municipios productores de carbón térmico. La conclusión parece clara: los colombianos están dispuestos a creer en la minería como motor de desarrollo. El reto de las empresas es demostrar, con hechos verificables, que merecen esa misma confianza.
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