Mientras el IDEAM advierte sobre un nuevo Fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta 2027, siete ciudades del país aseguran haber blindado su sistema hídrico con inversión pública-privada. Pero el caso de Cartagena, que en junio vivió racionamientos y una ruptura pública con su operador, muestra que la resiliencia hídrica sigue siendo una tarea inconclusa.
Colombia vuelve a mirar al cielo con preocupación. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), existe una alta probabilidad de que El Niño se extienda hasta comienzos de 2027, con impactos directos sobre el abastecimiento de agua, la generación hidroeléctrica, los cultivos agrícolas y los ecosistemas estratégicos del país. El temor no es infundado: entre abril de 2024 y abril de 2025, Bogotá vivió un año completo de racionamiento por la crisis del sistema Chingaza, y el fantasma de que la historia se repita ronda a varias capitales.
En medio de ese panorama, un grupo de ciudades —Tunja, Montería, Cartagena, Palmira, Sincelejo, el sur de La Guajira y San Andrés— se presenta como ejemplo de que la inversión sostenida en gestión del agua puede marcar la diferencia entre un verano incómodo y una crisis de desabastecimiento. La operadora Veolia, que junto a gobiernos municipales gestiona el servicio en la mayoría de estos territorios, reporta hoy una escala de operación considerable en el país: 217 millones de metros cúbicos de agua potabilizada al año, 164 millones de metros cúbicos de aguas residuales recolectadas y una cobertura de acueducto del 94,4% para 3,2 millones de personas atendidas.
El caso Tunja: de perder 6 de cada 10 litros a menos de 2
El ejemplo más citado es el de Tunja. La capital boyacense, donde la compañía francesa opera desde 1997, ha logrado uno de los avances más significativos en reducción de pérdidas de agua del país: en las últimas casi tres décadas, el índice de agua no contabilizada —es decir, la que se pierde por fugas, conexiones ilegales o fallas de medición— bajó de más del 60% a menos del 20%. Es un dato que contrasta con la realidad de buena parte del país: según el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, 207 municipios en 16 departamentos fueron identificados como susceptibles al desabastecimiento en temporada seca durante el periodo 2017-2021, y la propia Tunja figuraba entre las capitales con inconvenientes históricos de suministro.
Montería: energía limpia y «captación nivel cero»
En Montería, ciudad que Veolia opera con siete plantas de tratamiento y más de 800 kilómetros de redes, la apuesta reciente ha combinado sostenibilidad energética con ingeniería de contingencia. La compañía ha reportado el uso de electricidad certificada de fuente renovable proveniente de la hidroeléctrica del Guavio, además de un proyecto bautizado «Captación Nivel Cero», diseñado para asegurar el suministro incluso cuando el río Sinú desciende a niveles críticos durante la temporada seca.
San Andrés y el reto de la insularidad
En la isla de San Andrés, donde el agua dulce es un recurso naturalmente escaso por tratarse de un territorio insular, la inversión se ha concentrado en infraestructura y tecnología de medición para reducir pérdidas y mejorar la eficiencia operativa, un frente crítico en un ecosistema donde no existen fuentes hídricas superficiales de gran caudal como en el continente.
Cartagena: la otra cara de la moneda
El relato de éxito, sin embargo, se complica al llegar a Cartagena. A diferencia de lo que sugieren los balances institucionales, la ciudad no ha estado exenta de crisis en 2026. Desde el 11 de mayo, Aguas de Cartagena implementó racionamientos sectorizados debido a variaciones inesperadas en las características del agua cruda captada, asociadas a la proliferación de microalgas en el sistema lagunar que alimenta la planta El Bosque, la infraestructura que abastece a cerca del 90% de la población de la ciudad.
La situación escaló a un nivel político poco común: el 1 de junio, el alcalde Dumek Turbay anunció en el Concejo Distrital la decisión de iniciar acciones legales para romper relaciones con Veolia, socio operador de Acuacar, y acusó a la empresa de presuntos racionamientos intencionales para presionar al Distrito a financiar una nueva planta de tratamiento. El mandatario llegó a plantear la creación de una empresa pública distrital que asuma directamente el manejo del agua potable y el alcantarillado.
La tensión llegó a los tribunales. El 23 de junio, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a Acuacar suspender de inmediato los racionamientos sectorizados y activar un plan de contingencia, tras una acción popular interpuesta por la propia Alcaldía. Días después, la Contraloría Distrital abrió una actuación especial de fiscalización sobre el cumplimiento contractual de la empresa. Finalmente, el 1 de julio, Aguas de Cartagena confirmó el levantamiento de la medida de ajuste temporal en la distribución del servicio, atribuyendo la normalización al trabajo técnico realizado junto a expertos de Veolia.
Es decir: Cartagena hoy no está en racionamiento, pero llegó a ese punto después de semanas de restricciones, una demanda judicial y una ruptura institucional pública entre el alcalde y el operador, un episodio que matiza cualquier lectura de la ciudad como un caso cerrado de éxito frente a la crisis hídrica.
El resto del mapa: Sincelejo, Palmira y La Guajira, entre la inversión y la vulnerabilidad estructural
El panorama regional es desigual. En el departamento de Sucre, donde se ubica Sincelejo, la región ha registrado históricamente algunos de los mayores niveles de desabastecimiento del país en temporada seca, según reportes del Ministerio de Vivienda en años recientes. Y en La Guajira, pese a los avances en infraestructura y en proyectos comunitarios de acceso al agua, las autoridades ambientales emitieron hace apenas unos días una nueva alerta: se espera un déficit de lluvias de hasta el 80% en el departamento hasta finales de julio, lo que llevó a las autoridades a llamar a los municipios a activar sus planes de contingencia y priorizar el consumo humano frente a otros usos del agua.
La receta de fondo: invertir el 1,3% del PIB durante una década
Más allá de los casos puntuales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado la magnitud del reto estructural: para universalizar la cobertura de agua y saneamiento en la región, los países deberían invertir en promedio 1,3% del PIB de forma sostenida durante diez años. El organismo ha insistido en que el impacto desproporcionado del cambio climático sobre los sistemas hídricos, alimentarios y energéticos profundiza las desigualdades existentes y puede agudizar fenómenos como la migración interna, razón por la cual promueve modelos de economía circular en el sector de agua y saneamiento con inversión local sostenida en el tiempo.
La lección que deja el contraste entre Tunja y Cartagena es clara: la inversión en infraestructura reduce la vulnerabilidad, pero no la elimina. Y en un año en el que El Niño vuelve a asomarse sobre Colombia, ninguna ciudad puede darse el lujo de bajar la guardia.
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