Boyacá le declara la guerra a la extorsión carcelaria: llegan los inhibidores de señal a El Barne y Cómbita.
Entre julio y mediados de agosto quedarían instalados los equipos que buscan silenciar las llamadas extorsivas que salen de las cárceles boyacenses, una problemática que ya cruzó fronteras y encendió alarmas hasta en El Salvador. En paralelo, el departamento avanza en la construcción de seis nuevas estaciones de Policía.
La cifra es contundente y explica por qué la Gobernación de Boyacá decidió actuar: cerca del 80% de las llamadas extorsivas que se registran en el departamento nacen detrás de los muros de una cárcel. Con ese diagnóstico sobre la mesa, la administración departamental confirmó que la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios de El Barne y Cómbita podría concretarse entre julio y mediados de agosto, una medida que busca cortar de raíz el negocio criminal que opera con celulares desde los patios.
Una promesa que llega tras el escándalo internacional
La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico, explicó que el proyecto quedó acordado después de un encuentro entre el gobernador Carlos Amaya y el ministro de Justicia, Jorge Cuervo. La funcionaria fue enfática al señalar que se trata de una gran noticia tanto para el departamento como para el país, en la medida en que la mayoría de las extorsiones registradas en el territorio tienen origen carcelario.
La urgencia de la medida no es gratuita. A comienzos de este año, la cárcel de Cómbita quedó en el centro de un escándalo transnacional después de que el gobierno de El Salvador denunciara una red de extorsión que operaba desde el penal con más de cien celulares activos, afectando a ciudadanos salvadoreños y de otros países de la región mediante llamadas de manipulación psicológica. Ante la presión internacional, el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, había ordenado bloquear la señal celular en el establecimiento y adelantó que Cómbita sería el primer centro penitenciario del país en aplicar la medida de forma prioritaria, seguido por los penales de Valledupar y La Dorada.
«Los Fantasmas»: el golpe que confirmó la magnitud del problema
La necesidad de los inhibidores volvió a quedar en evidencia hace apenas unos días, cuando la Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía desarticularon mediante la macrooperación ‘Zafiro’ a la banda conocida como ‘Los Fantasmas’, organización que movía cerca de 700 millones de pesos mensuales extorsionando a víctimas en Boyacá, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Tolima, Meta y Bogotá. El operativo dejó 16 capturas, entre ellas cuatro funcionarios del Inpec señalados de facilitar el ingreso de celulares a los reclusos.
Según las investigaciones, el cabecilla de la estructura, recluido en el pabellón 13 de Cómbita, no solo coordinaba extorsiones a nivel nacional, sino que también sometía a más de 250 personas privadas de la libertad a cobros ilegales por asignación de celdas, autorizaciones de visita y supuestos aportes de aseo, con agresiones físicas contra quienes se negaban a pagar. El coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, precisó que la investigación se originó a partir de 18 denuncias recibidas durante 17 meses, que permitieron identificar más de 28 víctimas antes de ejecutar 11 allanamientos.
Frente a este panorama, Pico fue tajante: la ciudadanía no debe ceder ni un solo peso ante las exigencias de quienes, desde las cárceles del departamento, siguen delinquiendo con extorsión carcelaria. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier intento de cobro ilegal a través de la línea gratuita 165 del Gaula.
Seis estaciones de Policía para blindar el territorio
La instalación de los bloqueadores de señal no es la única apuesta de seguridad que adelanta la Gobernación. En paralelo, avanza la construcción de seis nuevas estaciones de Policía en el departamento, un proyecto que se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio del Interior y que será financiado entre la Nación, el departamento y los municipios beneficiados.
Los proyectos ya están en marcha en Motavita, Sora y Panqueba, mientras que Macanal, Chitaraque y Saboyá se encuentran a la espera de los avales correspondientes para arrancar obra. Cada estación representaría una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos, recursos orientados a fortalecer la presencia institucional, mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional y reforzar la seguridad en distintas zonas del departamento.
Una batalla que no da tregua
Entre inhibidores de señal, nuevas estaciones de Policía y golpes contundentes contra estructuras criminales, Boyacá intenta cerrarle el paso a un delito que, desde los patios de sus cárceles más vigiladas, ha logrado traspasar fronteras. La pregunta que queda flotando entre comerciantes y ciudadanos es si, esta vez, la tecnología logrará lo que las requisas y los operativos no han conseguido del todo: apagar para siempre la señal de la extorsión carcelaria.
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