La Procuraduría General de la Nación revisó junto a la Confederación Nacional de Acción Comunal los avances de los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y las comunidades en el marco de la implementación del Catastro Multipropósito. El encuentro fue liderado por la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial.
Durante la reunión se analizaron aspectos clave como la participación de las comunidades en las diferentes mesas de trabajo, el porcentaje de respuesta a las solicitudes presentadas por propietarios de predios con inconformidades y las consecuencias derivadas del incremento en el impuesto predial, entre otros temas asociados al proceso de gestión catastral.
Este ejercicio se suma a otras acciones recientes del organismo de control para vigilar la implementación de esta política pública. Días antes, la Procuraduría había liderado una mesa de trabajo con la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de fortalecer el seguimiento preventivo a la gestión catastral en el país, luego de identificar dificultades en distintos municipios y departamentos a partir de quejas ciudadanas relacionadas con la actuación de gestores y operadores catastrales. Como resultado, ambas entidades acordaron reforzar los canales de articulación institucional y el intercambio de información.
El seguimiento del ente de control se enmarca además en el trabajo del Grupo Especial de Seguimiento para la Implementación de la Política Pública del Catastro Multipropósito, conformado previamente por la Procuraduría para coordinar con el Departamento Nacional de Planeación la reglamentación del Sistema de Administración del Territorio, así como para exigir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi el cumplimiento de las metas de formación y actualización catastral fijadas para este año.
El Catastro Multipropósito ha generado tensiones en varias regiones del país por el impacto de los nuevos avalúos en el pago del impuesto predial, lo que llevó al Gobierno nacional a instalar la Mesa Nacional de Concertación como espacio de diálogo con veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal y organizaciones sociales, tras movilizaciones y bloqueos registrados en distintos territorios. La Procuraduría reiteró su papel como garante de los derechos de la ciudadanía en el desarrollo de este proceso, que continúa bajo seguimiento de los organismos de control.
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