La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción, tras una investigación que lo señala de exigir dinero y beneficios a cambio de facilitar trámites urbanísticos en el municipio. En la misma actuación fue acusado el particular Juan Camilo Sánchez Torres, por el delito de concusión.
Según el ente acusador, los hechos se remontan al 8 de junio de 2025, cuando el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos. Posteriormente, habría solicitado incrementar los honorarios pactados para el contratista, quien recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos durante los once meses en que prestó sus servicios.
La investigación también revela que el 4 de marzo de 2026 el alcalde habría pedido a la empresaria, mediante mensajes de voz, 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado para la ampliación de una licencia de construcción. Aunque retiró esa exigencia poco después, dos días más tarde expidió una resolución que, pese a un evidente conflicto de intereses, habría constituido una retaliación y una forma de presión ante la negativa de la empresaria a acceder a sus pretensiones económicas.
Como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio rechazó la solicitud de ampliación de la licencia, y el inspector Segundo de Convivencia y Paz impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.
El proceso judicial se enmarca en una investigación más amplia contra el mandatario, quien fue capturado por agentes del CTI el 7 de mayo de 2026 en la plaza principal de Villa de Leyva y permanece con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Meses antes, en enero de 2026, ya había sido imputado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, cargos que no aceptó.
La acusación formal, conocida el pasado 17 de julio, abre paso a la etapa de juicio, en la que la Fiscalía deberá sustentar ante un juez las pruebas recaudadas, entre ellas audios que se encuentran bajo cotejo judicial.
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