La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas señaladas de organizar un sorteo de manera irregular en el municipio de Susacón, Boyacá, durante las ferias y fiestas del pueblo en agosto de 2018. Los imputados enfrentan cargos por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
Los procesados fueron identificados como Roberto Oliveros Vargas, Jaime Enrique Dávila Báez, Martha Isabel León Báez, Alexandra María Suárez Alarcón y Luis Enrique Rodríguez Tolosa. Según el ente acusador, en el marco de las festividades locales del municipio los cinco habrían organizado una rifa cuyo premio principal era un automóvil, además de varios electrodomésticos, sin contar con la autorización del Estado para explotar juegos de suerte y azar.
De acuerdo con la investigación, los elementos materiales probatorios recolectados a lo largo del proceso evidenciaron que la actividad correspondería a una explotación de juegos de azar realizada por fuera de la normatividad vigente, lo que habría generado una afectación directa al monopolio rentístico del Estado, mecanismo mediante el cual los recursos de este tipo de actividades se destinan a la financiación del sector salud en el país.
El delito por el que fueron imputados está contemplado en el artículo 312 del Código Penal colombiano y contempla penas de prisión de seis a ocho años, además de multas que van de 500 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La norma busca proteger el monopolio que tiene el Estado sobre los juegos de suerte y azar, cuyas utilidades están destinadas por ley a la salud pública.
Casos similares se han presentado en distintas regiones del país en los últimos meses, en los que la Fiscalía y organismos como Coljuegos han intensificado los operativos contra rifas y juegos de azar que operan sin los permisos correspondientes, al considerar que este tipo de actividades desfinancia directamente al sistema de salud.
El proceso judicial contra los cinco procesados de Susacón continúa su curso ante los juzgados de la región, mientras se define la responsabilidad penal de cada uno de los implicados en el caso.
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