La Fiscalía General de la Nación reveló la existencia de una red delincuencial que habría direccionado la contratación al interior de Comfamiliar de Nariño, la caja de compensación familiar del departamento, entre octubre de 2025 y mayo de 2026. El caso, que ya generó conmoción en la región, dejó cuatro personas judicializadas y podría ampliarse a más implicados en las próximas semanas.
Según el ente investigador, la estructura estaba conformada por directivos, funcionarios y particulares que abrían licitaciones públicas simuladas para aparentar competencia entre oferentes, mientras en la práctica las adjudicaciones ya estaban acordadas con empresas preseleccionadas. A cambio, exigían comisiones sobre los anticipos entregados y presentaban cuentas con sobrecostos.
Contratos por 9.804 millones de pesos
Las investigaciones, adelantadas por un fiscal de la Seccional Nariño con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, establecieron que la red logró la firma de ocho contratos por 9.804.893.500 pesos. De ese monto, se desembolsaron anticipos por 2.942.368.050 pesos, equivalentes al 30 por ciento del valor total contratado.
Las diligencias de policía judicial, entre ellas auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, permitieron identificar el mecanismo utilizado por los implicados y recuperar parte de los recursos: dos de los procesados devolvieron cerca de 1.552 millones de pesos durante el desarrollo de la investigación.
Cuatro personas imputadas, una en la cárcel
Los señalados de integrar la red son Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios de la entidad; Diana Marcela Salazar Quelal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Insandará. Según la Fiscalía, Vásquez Martínez era la encargada de direccionar la contratación desde su cargo directivo, mientras Salazar Quelal y Lagos Medicis habrían filtrado a las empresas favorecidas la información sobre los documentos que debían presentar para simular el proceso. Insandará, por su parte, se habría beneficiado del direccionamiento a través de la empresa que representaba.
Un fiscal de la Seccional Nariño les imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Vásquez Martínez aceptó los cargos en su contra, mientras que los otros tres procesados decidieron no allanarse y enfrentarán el proceso judicial.
Una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Vásquez Martínez, mientras que los demás procesados deberán cumplir la medida en su lugar de residencia.
La Fiscalía advirtió que este proceso corresponde a una primera fase investigativa y que el caso continúa abierto, por lo que no se descarta que otras personas resulten vinculadas en las próximas etapas.
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