El Ministerio de Transporte suspendió la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, conocidos como CALE, un esquema creado para verificar de manera independiente que quienes solicitan una licencia de conducción o su recategorización realmente sepan manejar.
La decisión quedó consignada en la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, firmada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y frenó el modelo apenas diecisiete días antes de que entrara en vigencia de manera obligatoria. El aplazamiento será por tres meses, periodo en el que la cartera revisará la estructura de los centros y los costos que terminarían asumiendo los ciudadanos.
Bajo el esquema original, mientras las escuelas de conducción se encargan de la enseñanza, los CALE tendrían la función de evaluar de forma independiente si el aspirante realmente cuenta con las destrezas necesarias para conducir. Sin embargo, el Ministerio advirtió que esta verificación adicional habría encarecido el trámite: hoy obtener una licencia cuesta cerca de 1,4 millones de pesos, valor que con los CALE en operación podría haber llegado hasta 2,2 millones, es decir, un incremento de hasta 800.000 pesos.
La ministra Noguera señaló que la prioridad del Gobierno es contar con mejores conductores y reducir las muertes en las vías, pero sin trasladarles nuevos costos a los ciudadanos sin antes demostrar de manera objetiva que son necesarios y que producirán resultados.
Durante los próximos tres meses, el Ministerio evaluará la capacidad real de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la legalidad del contrato interadministrativo suscrito con esa institución y si los cobros previstos realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial. El esquema había sido estructurado mediante un contrato con la UNAD que proyectaba movilizar cerca de 20 billones de pesos durante los próximos 20 años.
La suspensión llega en medio de una fuerte controversia, pues la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron cumplir los requisitos y solicitaron participar en el esquema. Esta exclusividad derivó en tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria del proceso.
El Ministerio aclaró que la medida no deja sin efecto la Ley 2251 de 2022, que continúa vigente y será cumplida. Una vez concluida la revisión, y respetando el debido proceso y la seguridad jurídica, la cartera informará las decisiones definitivas sobre el futuro de los CALE en el país.
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