La Novena Brigada del Ejército Nacional mantiene un despliegue sostenido de tropas en los municipios del Huila, entre ellos Aipe y Campoalegre, como parte de una estrategia orientada a debilitar las estructuras del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Central Isaías Pardo, que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Durante los últimos meses, la unidad militar ha reportado avances significativos en varios frentes de acción. En el plano de la seguridad rural, las tropas han identificado y desmontado pancartas alusivas a esta estructura armada, instaladas con el propósito de generar temor entre los pobladores de zonas apartadas, una práctica que las disidencias han repetido en distintos municipios del departamento como mecanismo de propaganda e intimidación.
Paralelamente, el Ejército ha reforzado su ofensiva contra la minería ilegal, uno de los principales negocios criminales que financian a estas estructuras. El comandante de la Novena Brigada informó que, durante el año, se han identificado actividades de explotación irregular de minerales en municipios como Campoalegre, El Hobo, Tesalia, La Plata, Villavieja y Yaguará, lo que ha derivado en más de veinte capturas y la incautación de decenas de equipos utilizados en esta labor.
En materia de desminado humanitario, las cifras también reflejan la magnitud del reto de seguridad en la región: en lo corrido del año, las tropas neutralizaron cerca de 400 artefactos explosivos improvisados en el departamento y desactivaron cientos de metros de cordones utilizados para su activación, procedimientos que buscan proteger a las comunidades campesinas que transitan por las vías rurales.
La institución también anunció el fortalecimiento de su capacidad operativa con la incorporación de nuevos soldados profesionales y la renovación de su parque automotor, medidas que buscan ampliar la cobertura territorial y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones que afecten la tranquilidad de los habitantes del Huila.
El Ejército Nacional reiteró su compromiso de mantener presencia permanente en las zonas rurales del departamento, con el fin de proteger a la población civil, contrarrestar las economías ilícitas y contener el accionar de los grupos armados ilegales que persisten en el territorio.
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