El contrato interadministrativo 1767 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S. por más de 15.000 millones de pesos, llega a su recta final con un nivel de ejecución que preocupa a la Administración Municipal: según el último reporte de la Secretaría de Infraestructura, el avance global es de apenas el 39,33 %, mientras el plazo contractual vence el 30 de septiembre.
El secretario de Infraestructura de Tunja, Elmer Román Díaz Ruiz, informó que durante esta semana se adelantarán mesas de trabajo con el contratista y la supervisión del contrato para revisar un cronograma ajustado y las medidas que permitan acelerar las obras pendientes. El funcionario fue enfático en que, hasta la fecha, no se ha recibido oficialmente ninguna obra, ni de manera parcial ni completa, en los barrios donde se ejecutan los trabajos contemplados en el convenio.
El contrato contempla cuatro componentes principales: malla vial, urbanismo, andenes e infraestructura educativa. Sin embargo, uno de los datos que más alarma genera es el del espacio público, que continúa en cero por ciento de ejecución, según reconoció el propio secretario, quien señaló que los profesionales de la Secretaría han evidenciado abandono en ese frente de la obra.
Este contrato, firmado el 25 de septiembre de 2025 con fecha inicial de terminación el 31 de diciembre de ese año, ha sido objeto de sucesivas suspensiones y una prórroga que extendió su plazo hasta el 30 de septiembre de 2026. Por ahora, la Alcaldía descarta una nueva ampliación del término y espera que la empresa presente un cronograma ajustado, un plan de contingencia y un denominado choque de obra que permita recuperar el tiempo perdido.
El caso ha estado en el centro de la atención pública desde meses atrás, luego de que el Concejo de Tunja conformara una comisión accidental de seguimiento ante los reiterados cuestionamientos por los bajos niveles de ejecución, pese a que al contratista se le habría girado cerca del 95 % del valor total del convenio. La situación llevó a que la Administración Municipal iniciara el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato y a que la Fiscalía General de la Nación solicitara la documentación completa del proceso contractual para determinar si existieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
La Secretaría de Infraestructura anunció que continuará con la supervisión permanente del contrato y con las mesas de trabajo previstas, a la espera de que el contratista presente las acciones concretas que permitan acelerar la ejecución antes de que se cumpla el plazo contractual.
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