El Tribunal Administrativo de Boyacá le puso la lupa al manejo de los recursos del millonario empréstito autorizado por la Asamblea Departamental en 2024 y ordenó a la Gobernación entregar cuentas claras sobre en qué se ha invertido cada peso.
La exigencia surge dentro de la demanda de nulidad presentada por el diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre contra la Ordenanza No. 026 del 6 de septiembre de 2024, norma que facultó al gobernador de Boyacá para negociar y firmar contratos de crédito por 230.000 millones de pesos, destinados a financiar proyectos del Plan Departamental de Desarrollo «Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027». La demanda fue admitida por el Tribunal en noviembre de 2025 y desde entonces avanza en instancia judicial.
Según el alto tribunal, aunque en los debates de la Asamblea se mencionaron en términos generales las obras de infraestructura que se financiarían con el crédito, el expediente no ofrece claridad suficiente sobre el destino específico de los recursos ni sobre los contratos derivados de las operaciones de endeudamiento ejecutadas hasta ahora por el departamento.
Por esa razón, el Tribunal requirió formalmente a la Gobernación de Boyacá para que remita copia completa de todos los actos y contratos financiados con el empréstito, especificando la modalidad de contratación utilizada, los contratistas, supervisores e interventores responsables, el avance físico de cada proyecto, los recursos ya girados y los pendientes por desembolsar, además de un reporte de los intereses corrientes generados por las operaciones de crédito realizadas hasta la fecha.
El despacho judicial también le pidió a la Asamblea de Boyacá certificar si durante el trámite de la Ordenanza 026 se presentaron oposiciones por parte de algún diputado, un dato que podría resultar clave para el desenlace del proceso.
La solicitud judicial llega en un momento sensible para las finanzas del departamento. Mientras la justicia examina el destino del empréstito de 2024, en la Gobernación ya se mueven fichas para tramitar un nuevo crédito, esta vez por 180.000 millones de pesos, con el que se buscaría, entre otros fines, renovar el parque de transporte escolar de los niños boyacenses.
Con este requerimiento, el Tribunal Administrativo de Boyacá deja en evidencia que el debate no es solo jurídico, sino también de transparencia: la ciudadanía y los propios diputados quieren saber, con nombres, cifras y contratos, en qué se están gastando los 230.000 millones que comprometieron al departamento con la banca.
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