El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reveló este lunes que su despacho hace seguimiento a 324 sentencias de la Corte Constitucional, que en conjunto agrupan más de 1.500 órdenes judiciales dirigidas a proteger a comunidades étnicas, la niñez, la población carcelaria y las víctimas del conflicto armado. La cifra fue presentada en una reunión de alto nivel realizada en Bogotá, en la que participaron la fiscal general, Luz Adriana Camargo; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el vicecontralor Francisco Chaux, entre otros funcionarios del Estado.
El aumento en el número de sentencias vigiladas, que pasaron de 283 a 324 tras un cruce de información realizado en julio, se dio en el marco de la prórroga del memorando de entendimiento entre la Procuraduría y la Corte Constitucional, firmado también en julio de este año. Ese acuerdo permite a las dos entidades intercambiar datos para optimizar el monitoreo del cumplimiento de los fallos judiciales.
Según explicó Eljach, solo la Delegada para Asuntos Étnicos de la Procuraduría hace seguimiento a más de 60 sentencias estructurales, entre las que se cuenta el fallo que declaró el estado de cosas inconstitucional para garantizar el acceso al agua, la salud y la alimentación de la niñez del pueblo Wayúu en La Guajira, así como las decisiones relacionadas con la crisis del sistema penitenciario y carcelario del país.
Un modelo reorganizado y con respaldo disciplinario
Para atender ese volumen de órdenes, la entidad ajustó su estructura interna: la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales quedó a cargo de recibir y direccionar los casos, mientras que su ejecución se descentralizó hacia las procuradurías delegadas, regionales y provinciales, según su especialidad y cobertura territorial.
El seguimiento preventivo se complementa con la facultad disciplinaria de la entidad. Hasta el momento se han remitido cuatro informes por posibles incumplimientos y hay 20 procesos disciplinarios activos relacionados con el cumplimiento de órdenes judiciales estructurales.
Seis ejes para superar las fallas del sistema
Tras identificar problemas recurrentes en el cumplimiento de los fallos, como órdenes poco claras, ausencia de responsables definidos y falta de indicadores de resultado, el procurador propuso a la Corte Constitucional y a las entidades del Estado una hoja de ruta conjunta con seis frentes de trabajo:
Un intercambio periódico y estandarizado de información sobre órdenes, responsables, plazos y avances.
La creación de un repositorio único y accesible de sentencias y autos con órdenes a entidades públicas.
La construcción conjunta de criterios claros para definir el alcance de cada orden judicial.
El diseño de remedios constitucionales ajustados a las competencias legales y a la realidad presupuestal de quienes deben ejecutarlos.
La articulación de las órdenes de fallos estructurales con instrumentos de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación.
El fortalecimiento de las capacidades de los jueces de primera instancia en trámites de cumplimiento, desacato y modulación de órdenes.
El procurador también llamó a vincular de manera activa a las comunidades afectadas, las veedurías ciudadanas y la academia en los procesos de seguimiento, con el fin de que la vigilancia judicial se traduzca en resultados reales y no se quede en el cumplimiento formal de trámites administrativos.
La propuesta llega en un momento en que el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, posesionado en agosto pasado, define su relación institucional con los organismos de control y las altas cortes del país.
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