La Contraloría General de la República reportó la recuperación de 22,7 billones de pesos durante el periodo 2022-2026, como parte del balance de vigilancia y control fiscal presentado al cierre de la administración de Carlos Hernán Rodríguez.
De acuerdo con las cifras divulgadas por el organismo, 4,41 billones de pesos correspondieron al resarcimiento del patrimonio público; 7,44 billones, a beneficios derivados del control preventivo y concomitante, y 9,6 billones, a la estrategia Salvando Obras, mediante la cual se hizo seguimiento a proyectos que presentaban dificultades para su terminación y puesta en funcionamiento.
Durante esos cuatro años también se abrieron 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por 21,72 billones de pesos y se profirieron 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por 3,37 billones. Además, la entidad reportó 6.261 hallazgos fiscales por 28,2 billones de pesos.
El balance incluyó 46 advertencias relacionadas con riesgos fiscales por 38,1 billones de pesos. Entre los asuntos señalados estuvieron el comportamiento de las finanzas públicas, el crecimiento de la deuda y riesgos asociados a proyectos de infraestructura y otros recursos públicos.
En materia de control preventivo, la Contraloría informó que realizó 1.074 seguimientos permanentes a recursos públicos por 429 billones de pesos. También reportó 1.637 beneficios de auditoría por 1,25 billones, relacionados con recuperación de recursos, prevención de daños al patrimonio y correcciones en la gestión pública.
El balance fue presentado en agosto, antes del cambio de administración. Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido por el Congreso el 12 de agosto y asumió como nuevo Contralor General para el periodo 2026-2030. Su gestión plantea fortalecer el control preventivo mediante tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial, además de ampliar la presencia de la entidad en las regiones.
Con el cambio de administración, las cifras del periodo 2022-2026 quedan como punto de referencia para la nueva etapa de la Contraloría, que busca anticipar riesgos y fortalecer la vigilancia sobre los recursos públicos.
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