Las licencias urbanísticas del proyecto Pontevedra, ubicado en la vereda Pirgua, continúan suspendidas provisionalmente mientras avanza el proceso judicial que examina presuntas irregularidades en su aprobación.
El proyecto urbanístico Pontevedra, en Tunja, continúa en el centro de una controversia judicial por las licencias de subdivisión y construcción otorgadas para su desarrollo. Las decisiones adoptadas buscan evitar que las obras avancen mientras se determina si los permisos cumplen con las normas de ordenamiento territorial.
El proceso fue promovido por el municipio de Tunja contra actos administrativos expedidos por la Curaduría Urbana número 2, relacionados con licencias concedidas a Constructora Project Group S. A. S. El debate se concentra, entre otros aspectos, en la clasificación del suelo, la exigencia de un plan parcial y el cumplimiento de requisitos urbanísticos aplicables al sector.
En enero de 2026, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja ordenó la suspensión provisional de las licencias cuestionadas. La constructora apeló la decisión, pero el Tribunal Administrativo de Boyacá consideró acreditados los requisitos legales para mantener la medida cautelar, aunque precisó que uno de los argumentos utilizados inicialmente no podía sustentarla por no haber sido planteado debidamente en la solicitud.
Entre los asuntos examinados figura si el desarrollo del proyecto en suelo de expansión urbana requería la adopción previa de un plan parcial. También se analizaron los cuestionamientos sobre los permisos y conceptos relacionados con la Aeronáutica Civil.
La discusión judicial no representa todavía una decisión definitiva sobre la legalidad de todas las licencias. La suspensión provisional es una medida preventiva que busca evitar que se consoliden situaciones que puedan resultar contrarias al ordenamiento mientras continúa el proceso.
En septiembre de 2026 se conocieron nuevas actuaciones del juzgado relacionadas con la vigencia de la suspensión y la situación jurídica de la constructora dentro del expediente. Por ahora, el caso mantiene la atención sobre los requisitos legales para el desarrollo urbanístico de Tunja y la protección de los intereses de las partes involucradas.
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