Un nuevo operativo contra la explotación ilegal de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán, en Santander, dejó al descubierto la magnitud de una actividad que genera millonarias ganancias y representa un grave riesgo ambiental para la región.
La intervención, coordinada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército, incluyó ocho diligencias de allanamiento en sectores de California, Suratá y Matanza. Durante los procedimientos fueron incautados 200 kilogramos de cianuro, 1.902 gramos de mercurio, 120 kilogramos de explosivos tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores.
Las autoridades también encontraron más de 92 millones de pesos en efectivo, oro en amalgama, joyas y diferentes equipos utilizados para la extracción y procesamiento del mineral. Según las investigaciones, la actividad ilegal podría generar ganancias superiores a los 1.200 millones de pesos mensuales y el oro obtenido sería comercializado en establecimientos de Bucaramanga y Bogotá.
Uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con las posibles afectaciones ambientales. La quebrada La Baja y el río Suratá, fuentes hídricas fundamentales para el abastecimiento de Bucaramanga, estarían entre los afluentes afectados por el uso de sustancias altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro.
La problemática no es nueva. En junio de 2026, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya habían advertido sobre el crecimiento de la minería ilegal y los retrasos en el proceso de delimitación del páramo. Además, documentos del Ministerio de Ambiente habían identificado concentraciones preocupantes de mercurio y cianuro en la quebrada La Baja.
A este panorama se suma la controversia generada en agosto de 2026 por la revocatoria de la medida que declaraba una reserva de recursos naturales renovables sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja, decisión que provocó posiciones encontradas entre organizaciones ambientales y comunidades mineras de Soto Norte.
El operativo representa un golpe a las economías ilegales, pero también deja una pregunta de fondo: ¿serán suficientes las capturas y las incautaciones para detener una actividad que continúa poniendo en riesgo el agua y uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país? La Fiscalía continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las posibles responsabilidades penales. Entretanto, la protección de Santurbán sigue siendo un desafío que exige controles permanentes, decisiones institucionales claras y garantías tanto para las comunidades como para el medioambiente.
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