La ciudad enfrenta una reducción de miles de estudiantes en sus instituciones públicas. Mientras la Alcaldía anuncia una regulación para el uso de celulares en las aulas, persisten interrogantes sobre la financiación, la infraestructura, el transporte escolar y la calidad educativa.
La educación pública de Tunja enfrenta un desafío que va mucho más allá de regular el uso de teléfonos celulares en los salones de clase. La disminución de estudiantes matriculados comienza a encender las alarmas por sus posibles consecuencias sobre los recursos, la estabilidad de los docentes y el funcionamiento de las instituciones educativas.
La cifra más reciente conocida, divulgada por Boyacá 95.6 FM el 6 de noviembre de 2026, señala que Tunja pasó de aproximadamente 19.500 estudiantes hace cuatro años a cerca de 16.500 actualmente. Esto representa una reducción de unos 3.000 alumnos.
Sin embargo, hay un aspecto que merece una explicación de la Secretaría de Educación: en octubre, el secretario José Alberto Moreno Villamil había hablado de una disminución desde más de 23.000 estudiantes hasta cerca de 19.500. Las cifras divulgadas en ambos momentos utilizan puntos de partida diferentes y necesitan una aclaración oficial, acompañada de los registros consolidados del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).
No basta con reconocer que hay menos estudiantes. La ciudadanía necesita conocer cuántos cupos están disponibles, cuáles instituciones han perdido más alumnos, qué está provocando la deserción o el traslado hacia otros modelos educativos y qué medidas concretas se están tomando para recuperar la confianza de las familias en los colegios públicos.
Celulares en los colegios: ¿cuándo estará lista la regulación?
Otro de los anuncios que sigue pendiente es la reglamentación del uso de celulares y tabletas en las instituciones educativas.
En octubre, la Secretaría de Educación informó que la propuesta tenía un avance del 95 % y que esperaba presentarla ante el Concejo Municipal antes de terminar 2026, con la intención de que entre en vigencia en 2027.
La iniciativa no contempla una prohibición absoluta, sino reglas para determinar cuándo pueden utilizarse los dispositivos con fines pedagógicos y cuándo deben permanecer guardados. También se plantea recuperar espacios de recreación, interacción y actividades físicas durante los descansos.
La propuesta tiene sentido si busca mejorar la concentración y la convivencia escolar. Sin embargo, la pregunta es si una regulación de celulares tendrá un impacto real en el aprendizaje cuando existen problemas estructurales que también requieren atención.
¿Qué estudios respaldan la medida? ¿Cómo se aplicará en los colegios públicos y privados? ¿Qué excepciones tendrán los estudiantes que necesitan dispositivos por razones educativas o de salud? ¿Cómo se garantizará que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre los docentes?
Hasta el 10 de noviembre no se encontró confirmación pública de que el proyecto haya sido radicado ante el Concejo Municipal. Por ahora, sigue siendo un anuncio de la Administración.
Un colegio rural que necesita ajustes y respuestas
La reducción de estudiantes también tiene efectos sobre los proyectos de infraestructura. Uno de los casos señalados por la Secretaría es el de la Institución Educativa Rural del Sur, cuyo proyecto inicial contemplaba una capacidad aproximada de 850 estudiantes, mientras que su matrícula se encuentra alrededor de los 500.
La iniciativa requiere ajustes en sus estudios y diseños para responder a las necesidades actuales. Pero aquí surge otra pregunta: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar la comunidad educativa para contar con una infraestructura adecuada?
La disminución de alumnos puede justificar una revisión técnica del proyecto, pero no debería convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente las inversiones que necesita la educación rural.
PAE y transporte escolar: servicios que necesitan vigilancia permanente
En materia de alimentación escolar, la Secretaría informó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funciona en 42 sedes y que cerca del 90 % de los alimentos se prepara directamente en los establecimientos educativos.
También señaló que se mantiene seguimiento a la calidad de los alimentos, las condiciones de inocuidad y los pagos a las manipuladoras.
En transporte escolar, la Administración reportó atención para 835 estudiantes de siete instituciones educativas, especialmente de sectores rurales, y aseguró que el servicio estaría garantizado hasta finalizar el calendario académico.
No obstante, garantizar estos servicios exige mucho más que anuncios. Es necesario conocer cómo se vigila la calidad de los alimentos, si los pagos a las manipuladoras se realizan oportunamente, qué controles se aplican a los operadores del transporte y qué mecanismos existen para atender las quejas de padres de familia y estudiantes.
El reto de fondo: recuperar la confianza en la educación pública
La disminución de la matrícula no es un asunto exclusivo de Tunja. En Boyacá también preocupa el impacto de los cambios demográficos sobre la financiación educativa y la estabilidad de las plantas docentes.
La Secretaría de Educación de Tunja reconoció que, por ahora, no existe un excedente de maestros, pero advirtió que la tendencia podría generar dificultades en los próximos dos o tres años. Entre las medidas preventivas está no proveer inmediatamente todas las vacantes disponibles mientras se consolida la matrícula.
El panorama exige respuestas concretas. La Administración Municipal debe explicar qué está haciendo para evitar que los colegios pierdan estudiantes, cómo garantizará los recursos para las instituciones con menor población escolar y qué inversiones tiene previstas para mejorar las condiciones de enseñanza.
Regular los celulares puede ser una buena decisión, pero no puede convertirse en el principal anuncio de una política educativa que enfrenta problemas mucho más profundos.
Tunja necesita resultados medibles, transparencia en las cifras y soluciones que se reflejen en las aulas. Porque el verdadero indicador del éxito de la educación pública no será cuántos celulares se guardan durante las clases, sino cuántos estudiantes permanecen en el sistema, aprenden y encuentran en sus colegios oportunidades reales para construir su futuro.
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