Una sombra de irregularidades se cierne sobre la elección del personero municipal de Otanche, generando un clamor por la revocatoria directa de la designación del abogado Germán Alonso Camacho Suárez. La Resolución No. 005 del 9 de enero de 2024 protocolizó la elección para el periodo 2024-2028, pero denuncias recientes revelan problemas en el proceso de selección.
La controversia se desata a partir de las acciones tomadas por la entonces presidenta del Concejo Municipal de Otanche, Ida María Anzola Anzola, y Orlando Seoanes Lerma, representante de la Universidad Popular del Cesar. Ambos firmaron un convenio interadministrativo el 31 de agosto de 2023, comprometiéndose a realizar un concurso de méritos público y abierto para la elección del personero.
Sin embargo, un comunicado emitido el 5 de enero de este año por la oficina jurídica de la Universidad Popular del Cesar deja al descubierto una sorprendente revelación: la institución no posee contratos ni actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución de convenios para concursos de mérito de personeros en ningún municipio del país, incluyendo Otanche.
Este hallazgo no solo afecta la elección del personero en Otanche, sino que arroja sombras sobre procesos similares en otros municipios de Boyacá y a nivel nacional, todos vinculados con la Universidad Popular del Cesar.
Las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección del personero de Otanche exigen respuestas inmediatas. La falta de contratos y actuaciones administrativas por parte de la universidad encargada de llevar a cabo el concurso plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y la validez de la elección.
La petición de revocatoria directa de la elección resuena en la comunidad de Otanche y más allá, mientras se espera una respuesta oficial por parte de las autoridades correspondientes. Este escándalo no solo sacude la confianza en el proceso democrático local, sino que también plantea interrogantes sobre la idoneidad de otros procesos similares en el país. La búsqueda de respuestas y la exigencia de transparencia se convierten en el epicentro de este nuevo episodio que pone a prueba la integridad de las instituciones democráticas.