El presidente Gustavo Petro ha levantado una seria denuncia sobre presuntas irregularidades en la contabilidad de la Nueva EPS, una de las principales entidades encargadas de la prestación del servicio de salud en Colombia. Según las declaraciones del mandatario, seis billones de pesos asignados por el Gobierno Nacional a esta EPS no se destinaron a financiar la atención médica de sus afiliados.
El jefe de Estado, a través de su cuenta en la red X, expuso la preocupación por el manejo de los recursos públicos en el ámbito de la salud y subrayó la necesidad de implementar un modelo preventivo en las EPS, como parte de la estrategia del Gobierno del Cambio.
Por su parte, Carolina Corcho, exministra de Salud y vocera de un órgano consultivo de la Corte Constitucional, reveló detalles aún más alarmantes. Según sus declaraciones, más de 13 billones de pesos entregados por el Gobierno a diversas EPS, incluida la Nueva EPS, no tienen una trazabilidad clara.
Durante una rueda de prensa, Corcho detalló que estos recursos no aparecen registrados en los estados financieros ni se observa su inversión en reservas técnicas o pagos a clínicas, hospitales y proveedores, lo que plantea serias dudas sobre su destino y uso.
La Comisión de Seguimiento, integrada por diversas organizaciones del sector de la salud, examinó detalladamente los informes financieros de las EPS correspondientes al año 2023, presentados ante la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, los resultados de esta revisión no arrojaron luz sobre el paradero de los recursos en cuestión.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil y el propio presidente Petro exigen respuestas claras y transparentes sobre el destino de los recursos de la salud. Los estudios realizados serán remitidos a los organismos de control pertinentes y a la Corte Constitucional, en cumplimiento del seguimiento establecido por la Sentencia T760 de 2008.
La incertidumbre persiste y la pregunta sigue en el aire: ¿dónde está esa plata de la salud?
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