En un fallo que busca proteger los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la defensa del patrimonio público de los usuarios del acueducto, el Tribunal Administrativo de Boyacá ha emitido una serie de órdenes dirigidas al Municipio de Ciénega y a la Asociación de suscriptores del acueducto de las veredas Piedra Larga y Calabazal.
La demanda, formulada por la mencionada asociación, tenía como objetivo garantizar el acceso a agua potable en estas comunidades. Argumentaron que a pesar de las gestiones realizadas con el Departamento de Boyacá para la optimización del acueducto, se presentaron irregularidades y deficiencias en las obras ejecutadas.
Entre los fundamentos expuestos se encuentra el uso de materiales de baja calidad, rotura de tuberías y la falta de transparencia en la información proporcionada por parte de las autoridades municipales. Además, se señaló que la calidad del agua se mejoró mediante un procedimiento irregular que no resolvía de manera definitiva el problema.
En primera instancia, el Juzgado declaró que tanto el municipio de Ciénega como el departamento de Boyacá habían vulnerado los derechos colectivos. Sin embargo, en la apelación, el Tribunal Administrativo de Boyacá determinó que la responsabilidad principal recaía en el municipio de Ciénega, como entidad competente para garantizar la potabilidad del agua en su jurisdicción.
El fallo del tribunal incluye una serie de medidas para solucionar la problemática, entre las que destacan la realización de estudios detallados para determinar la viabilidad de poner en funcionamiento la planta de tratamiento de filtración, la ejecución de acciones para garantizar el suministro constante de agua potable y la distribución de responsabilidades financieras entre el municipio y la asociación de suscriptores del acueducto.
Además, se exhorta al municipio de Ciénega a emprender acciones legales para recuperar los fondos que deba desembolsar como resultado de la sentencia y se ordena a la asociación de suscriptores brindar apoyo en las acciones necesarias para adecuar el sistema de acueducto.
Este fallo representa un paso importante hacia la garantía del derecho fundamental al acceso al agua potable en las comunidades rurales, y evidencia la necesidad de una gestión transparente y eficiente por parte de las autoridades municipales en la provisión de este servicio esencial.
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